La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación para determinar si el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, incurrió en uno o más delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos, por al menos US$2 millones, a través de una estructura societaria que montó en paraísos fiscales. Esos bienes no figuran en la declaración jurada que el funcionario está obligado a presentar ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La decisión de la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, se concretó horas antes de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó durante una conferencia de prensa que Vázquez ya habría sido sobreseído por esa operatoria inmobiliaria por el juez federal Ariel Lijo, en 2022, y que se trataba, por tanto, de “un tema del pasado”.
Adorni aludió así a la investigación que LA NACION publicó ayer, en la que expuso que Vázquez administra dos propiedades en Miami en la actualidad -la tercera la vendió-, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años.
Ese red abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir los inmuebles. según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron en LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
En atención a la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, los funcionarios del nivel de Vázquez deben presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Ante ese posible escenario, la PIA abrió el expediente 1381/24 y libró los primeros oficios –uno de ellos, a LA NACION– en busca de documentación que le permita avanzar con la pesquisa para, en una segunda instancia y en caso de encontrar indicios suficientes, radicar una denuncia penal ante los tribunales federales de Comodoro Py.
Constituida en 1998 bajo el nombre de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la actual PIA es el órgano especializado del Ministerio Público Fiscal que se aboca de manera específica a la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
En ese sentido, la Procuraduría se encuentra facultada a abrir una investigación por iniciativa propia cuando considere que existen méritos o indicios suficientes, sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación, que en la actualidad subroga Eduardo Casal.
Icon Brickell
Dirección:
495 Brickell Ave., Miami
Unidad: 3504
Valor:
US$ 710.000
Según reveló LA NACION el lunes, las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos a través de sociedades del exterior comenzaron en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp. Dos años después, compró otro departamento en Miami, adquirido por otra firma panameña, Pompeya Group Corp.
¿De qué propiedades se trata? El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo de alta categoría Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento, cerca de allí, aunque por un monto más bajo: desembolsó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell.
Chateau Beach
Dirección:
17475 Collins Ave., Miami
Unidad: 904
Valor:
US$ 980.000
Dos años y medio después, se registró otro movimiento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según surge también de los registros oficiales del condado Miami. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares, según consta en los registros consultados.
Tras la publicación global de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited, que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
A partir de entonces, la serie de compañías y propiedades perduró estable por algo más de dos años y medio, cuando la primera sociedad, Alcorta Corp, vendió el inmueble más pequeño. Ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando vendió por 350.000 dólares la unidad 2811 del edificio ubicado en 1060 Brickell Avenue. ¿Su adquirente? Otra sociedad: 1390 Brickell 2811 Corp.
Tras esa venta, Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), sociedad que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), manteniendo estas la titularidad sobre las dos propiedades –una cada una–, en Miami y Sunny Isles, en el estado de Florida, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. En la última disponible, de 2023, sí detalló que es titular de tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con depósitos por un total inferior a los 3000 dólares, además de varias propiedades en la Argentina. LA NACION no pudo corroborar si Vázquez lo declaró ante el fisco argentino, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.
En ese contexto, la PIA evaluará el proceder de Vázquez, que podría afrontar una denuncia por los presuntos delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito o, incluso, lavado de activos.
Fuente La Nacion
