Si lo que el Gobierno buscaba en el texto de la Declaración de Mendoza, a propósito de la Cumbre de Ministros de Defensa, era una validación a la política de lucha contra el terrorismo con empleo de las Fuerzas Armadas, lo consiguió.
En el punto 18, el consenso a la moción de Argentina alumbró el siguiente postulado: «Que el terrorismo internacional sigue siendo una amenaza que debe motivar a intensificar la cooperación entre los Estados miembros con el objetivo de disminuir la incidencia de este flagelo en la estabilidad internacional. Lo anterior, en conformidad con la Convención Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) y otros instrumentos internacionales relevantes, y en estricto cumplimiento de la legislación interna de cada Estado».
En cuestiones de defensa, y su obvia aplicación al ámbito de las fuerzas armadas, «la misión» para neutralizar una amenaza debe ser precisa en cuanto al momento de ejecución, alcance y empleo del instrumento militar. La frase en cuestión dice que «el terrorismo es una amenaza internacional» en modo genérico, no determina con exactitud si afecta a los países del hemisferio nucleados en la Cumbre de Ministros de Defensa.
Quedó así en palabras de estilo diplomático a libre interpretación para que pase sin generar oposición de terceros que deslucirían la propuesta.
Uno esperaría de funcionarios y sus asesores castrenses, acostumbrados a la semántica militar, mayor exactitud en la definición, el concepto de amenaza como riesgo o peligro debería invocar también el ámbito o dominio de afectación (regional).
La introducción de la guerra de Medio Oriente en la declaración aportó más volumen a la toma de acciones militares contra el terrorismo internacional.
Argentina, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Uruguay en una reserva explícita al pie de la declaración, «validan el derecho de Israel a defenderse».
Para darle fundamento a la postura presentada en la Cumbre de Ministros de Defensa, y que desde el primer día de gestión motorizó Luis Petri en cuanto a combatir el terrorismo, Juan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales, apeló al instrumento del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE).
«Tiene como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembro para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo«, dice.
«El CICTE obra conforme a los principios de la Carta de la OEA, a la Convención Interamericana contra el Terrorismo y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, y el derecho internacional de los refugiados», expresa el sitio oficial.
En el único diálogo con periodistas locales, y en el último día del encuentro en Mendoza, Luis Petri reforzó la postura anunciando que en breve por decreto se habilitará a los militares a efectuar controles en fronteras.
Es un dato conocido la porosidad en el NOA y NEA que facilita la delincuencia trasnacional de tráfico de drogas y la conectividad con el terrorismo que lo utiliza como fuente de financiación y proporciona custodia a esa actividad ilícita.
En esa línea, hubo un claro apoyo del ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, que ante una consulta afirmó que es posible el empleo de los militares ante situaciones que muestran «delincuencia con organización y entrenamiento paramilitar, armamento pesado, explosivos que puedan poner en entredicho la seguridad, el poder del Estado y la soberanía en determinado espacio del territorio paraguayo».
Tanto el Gobierno de Paraguay como el de Argentina, está en preparativos de desplegar tropas a la frontera con Brasil, más precisamente al departamento de Alto Paraná.
A mediados de setiembre el guardacostas de frontera GC-195 Guaraní de la Prefectura Naval fue atacado a tiros desde Paraguay cuando se realizaba un patrullaje fluvial por el río Paraná, en la zona del Puerto Faubel, en la ciudad de Eldorado, Misiones. El casco fue perforado y se presume que el calibre corresponde a armas de guerra.
Fuente MDZ
