La Cámara Federal porteña confirmó este lunes que la causa por violencia de género que Fabiola Yañez le inició a Alberto Fernández no pasará a los tribunales de San Isidro, como pretendía la defensa del expresidente, sino que seguirá en los tribunales federales de Retiro, a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.
El camarista Eduardo Farah, de la sala II de ese Tribunal de Apelaciones, le dio la razón a Ercolini y consideró «prematuro» el cambio de jurisdicción pedido por Fernández, al menos hasta que concluyan medidas de prueba en curso que permitirán determinar si el caso es jurisdicción del fuero federal o del ordinario.
«El Juez de primera instancia decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis -si debe investigarse en el fuero federal o derivarse al penal ordinario- al resultado de las medidas investigativas en curso«, dijo Farah al ratificar lo decidido por Ercolini.
En la resolución de este lunes, Farah estableció que antes de resolver dónde y en qué fuero seguirá el trámite judicial deben determinarse «precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos) que es necesario averiguar».
«Ellas permitirán establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción territorial», agregó.
Sobre ese punto, aludió a «una cuestión sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omitido por el Juez una vez que se completen esas medidas: me refiero a las razones que sustentarían en el caso la competencia federal por razón de la materia», indicó.
En caso de ser jurisdicción del fuero federal, advirtió, «debe poder explicarse la naturaleza federal de los hechos de la causa y mediante las diligencias que correspondan» esclarecer «los aspectos fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia, tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos denunciados».
La fiscalía, a cargo de Ramiro González, imputó a Fernández por «delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas» y por «amenazas coactivas» en perjuicio de su expareja, por nueve hechos que tuvieron lugar en la Quinta de Olivos, pero también en el departamento en el que convivían antes y después de la presidencia de Fernández, e incluso en Madrid.
FUNETE: PAGINA 12
