El Gobierno nacional definió el esquema que regirá para la concesión de 10.000 kilómetros de rutas, que concentran el 80% del tránsito del país, con un nuevo valor de peaje estimado en $4200 por cada 100 kilómetros para autos, monto que se multiplicará por siete en el caso de camiones de gran porte. El sistema, que comenzará a aplicarse a partir del 8 de septiembre con la licitación del corredor “Ruta del Mercosur” (rutas 12 y 14, más los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria), establece que el Estado dejará de invertir directamente en obras y mantenimiento, delegando en los privados la responsabilidad total de financiar y ejecutar las mejoras.
La condición central para habilitar el cobro del nuevo peaje será que la traza alcance un estándar de “condiciones de transitabilidad” definido por el organismo técnico que reemplace a Vialidad Nacional. Solo entonces las concesionarias podrán aplicar el cuadro tarifario completo, con un mecanismo de actualización automática basado en una fórmula polinómica. Hasta llegar a ese punto, se mantendrán las tarifas actuales o las vigentes al momento de adjudicar la concesión.
A diferencia de regímenes anteriores, no se exigirá a los adjudicatarios ser empresas constructoras. Podrán participar firmas de otros rubros o consorcios armados por sectores productivos interesados en garantizar la conectividad de sus regiones. El objetivo oficial es romper con el esquema tradicional del “club de la obra pública” y fomentar la competencia, permitiendo la entrada de nuevos actores locales y extranjeros.
En el caso de la ruta 5, por ejemplo, los pliegos incluirán obras específicas como la construcción de un tercer carril de sobrepaso para descomprimir el tránsito y reducir la alta siniestralidad. Si el adjudicatario no cumple con las mejoras comprometidas, el Estado podrá revertir la concesión o ejecutar el seguro de caución que se exigirá como garantía. Además, se mantendrá operativo el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para cubrir eventuales congelamientos tarifarios.
El modelo contempla que las provincias también puedan administrar corredores, siempre que lo hagan con estructuras públicas propias y sin concesionar a privados. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de los distritos ha mostrado poco interés o capacidad para asumir la gestión directa. Casos como Caminos de las Sierras (Córdoba) o Aubasa (Buenos Aires) son excepciones con vehículos operativos listos para tal fin.
En paralelo, avanzan proyectos regionales con financiamiento 100% privado, como el plan en Río Negro que prevé ocho obras viales y una nueva traza para el sector petrolero, con una inversión estimada de US$470 millones y un alcance de 522 kilómetros. Iniciativas de este tipo apuntan a mejorar la circulación de un millón de vehículos mensuales y conectar polos productivos con puertos y centros de consumo, en un contexto en el que el Estado se retira de la inversión directa en la red vial nacional.
Fuente Construar
