En la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei despliega un juego a dos bandas de dudosa legalidad.
La Procuración General del Tesoro batalla en los tribunales de Nueva York para revertir el fallo que condena a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, mientras el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, avanza por otro carril: negocia, en secreto, un acuerdo con Burford Capital, el fondo buitre que ganó el juicio.
Por un lado, el Estado, representado por la Procuración, sostiene que el fallo de la jueza Loretta Preska es nulo, que la magistrada no tiene jurisdicción y que la expropiación fue legal, con respaldo del Congreso y de la Constitución, un una posición que se mantiene a través de los últimos gobierno.
Pero con Milei hubo un cambio en esa política de Estado. Ya de antes de asumir, se abrieron contactos muy opacos del ala económica con Gerardo «Gerry» Mato, lobbysta contratado por Buford para cobrar. Dos líneas de acción opuestas en el mismo Gobierno.
Mato incluso se ofreció a ayudar al libertario a conseguirle fondos para su campaña presidencial. De hecho, antes de que Milei asumiera, Mato recibió en su mansión de Greenwich Village a Juan Napoli y Darío Epstein, referentes libertarios del mundo financiero, que fueron en busca de apoyo.
Como sea, ahora el encargado de llevar adelante las negociaciones con Buford es Caputo. «A Toto esto lo tiene muy alterado», confió un funcionario del Palacio de Hacienda. LPO pudo confirmar de dos personas al tanto de las negociaciones que en los últimos meses, Matto visitó seis veces el Ministerio de Economía.
En paralelo en el mercado aseguran que parte de la gira del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y del viceministro chileno José Luis Daza por Estados Unidos tuvo como objetivo encontrar un instrumento financiero que permita cerrar el trato con Burford.
La idea sería ofrecer bonos con una quita agresiva sobre el capital reclamado, con plazos largos y tasas altas, para presentarlo como la única forma de «salvar a YPF».
El problema es que esa vía choca de frente con la estrategia judicial del Estado. La Procuración apeló el fallo porque considera que no hay que pagarle a Burford. Cualquier renuncia a la apelación implicaría una decisión política de alto costo: requeriría un decreto presidencial, o del ministro de Economía, que quede como prueba documental que la Argentina, pese a considerar injusta la sentencia, elige no litigar más.
Esa renuncia no sería técnica, sino ideológica. Un gesto que implica reconocer la legitimidad de una demanda promovida por fondos buitres, lo que podría derivar en responsabilidades penales si se interpreta como una claudicación deliberada en perjuicio del interés nacional.
Fuente LPO
