- La actual gestión recibió un promedio de 781 pedidos mensuales de acceso a la información pública, una cantidad superior a la registrada durante los gobiernos de Alberto Fernández (650 por mes ) y Mauricio Macri (327,4).
- La actual administración es también la que más pedidos de acceso dejó sin responder. Del total de expedientes cuyo plazo ya venció, el 7,7% no fueron contestados. En el gobierno de Fernández, el incumplimiento fue del 3,1%, mientras que en la gestión de Macri fue del 2,4%.
- Economía, Jefatura de Gabinete, Salud y Capital Humano son los organismos que más pedidos de información pública reciben. Los más incumplidores de la actual gestión son Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación (con casi el 70% de los expedientes sin respuesta) y Manuel Adorni en la Secretaría de Medios (66% sin contestar).
La empresa YPF, que durante la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) mantuvo los gastos en publicidad mientras que el Gobierno redujo al mínimo la inversión en ese rubro, rechazó un pedido del Centro de Datos de Chequeado respecto de los detalles sobre sus campañas. Lo hizo pese a que la Agencia de Acceso a la Información Pública dictaminó a favor de la entrega.
¿Cuántos pedidos de acceso a la información pública se realizaron desde la implementación de la ley y qué gestión recibió más? ¿Qué gobierno incumplió la mayor cantidad de pedidos y cuáles fueron los ministerios a los que más se le solicitó información? Te lo contamos en esta nota.
¿Qué información se puede pedir con la Ley de Acceso?
En Argentina, el acceso a la información pública está regulado por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada en 2016 y reglamentada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).
La ley permite que cualquier persona, sin necesidad de justificar su interés, solicite información a una amplia gama de organismos estatales, incluyendo la Administración Pública Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas y sociedades con participación estatal, universidades nacionales, partidos políticos y sindicatos, entre otros.
Los organismos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días en casos excepcionales. El trámite es gratuito, aunque pueden cobrarse los costos de reproducción.
Existen excepciones limitadas: se puede denegar información por razones de seguridad nacional, secretos industriales o datos personales protegidos.
El 1° de septiembre de 2024, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley mediante el Decreto 780/2024 e introdujo una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”.
Al respecto, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló en esta nota que el cambio “sumó excepciones a las que existían previamente en la ley y restringió aún más el derecho de acceso a la información”.
Récord de pedidos durante la gestión Milei
Desde la implementación de la ley, en septiembre de 2017, y hasta el mes de abril de 2025, se realizaron en total 52.833 pedidos de acceso a la información pública.
El gobierno de Macri recibió 9.169 pedidos, a un promedio de 327,4 por mes. Cabe aclarar que como la ley entró en vigor a mitad de su gestión, el período considerado es de poco más de 2 años
En el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) se contabilizaron 31.156 pedidos, un promedio mensual que duplicó al de la gestión anterior (650 por mes).
Desde que Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 y hasta abril de 2025, se realizaron 12.508 pedidos de acceso: 781 por mes, el promedio más alto desde que se implementó la norma.
“Es importante destacar que, salvo 2023, la cantidad de pedidos de acceso a la información que se realizan crece año a año. Esto significa que cada vez más gente, actores y organizaciones hacen uso del derecho al acceso a la información pública, lo reconocen como propio, y que están en todo su derecho de exigirle información a los funcionarios”, indicó en esta nota Juan Francisco Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la ONG Directorio Legislativo.
El gobierno de Milei, el que más pedidos incumplió
Del total de expedientes cuyos plazos finalizaron (unos 11.866, dado que aún hay 642 dentro del período legal de respuesta), el 7,7% (917) se encuentran vencidos y el 92,3% (10.949) sí recibió respuesta.
En comparación, la menor tasa de incumplimiento ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, con el 2,4%: tuvo 220 expedientes vencidos y 8.949 respondidos.
En el gobierno de Fernández, por su parte, el incumplimiento fue del 3,1%: contestó en tiempo y forma 30.178 expedientes y no respondió 978 pedidos.
Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) señaló a Chequeado que “la ley empezó su implementación con un envión y se fueron institucionalizando cosas. Pero después ese envión se perdió y también bajó mucho el monitoreo de cómo estaban funcionando los organismos de acceso”.
“En la Agencia de Acceso a la Información hubo una rotación importante de gente y hay menos gente trabajando en el tema, y eso no es menor”, agregó.
Economía y Jefatura, los más requeridos
En la actual gestión, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo (La Libertad Avanza) es el área que más pedidos de acceso a la información pública recibió: casi 4 mil, un tercio del total.
Le siguieron la Jefatura de Gabinete, que recibió más de 2.100 pedidos de acceso; el Ministerio de Salud (1.398); el Ministerio de Capital Humano (1.289); y la Secretaría General de la Presidencia (664).
Si se suman los trámites realizados en las gestiones de Macri y Fernández, Economía, Jefatura de Gabinete, Salud y Capital Humano también se encuentran entre los 4 organismos que más pedidos de acceso recibieron desde la implementación de la ley.
En el caso de Capital Humano, se incluyen los pedidos anteriormente dirigidos a los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación (entre otros), hoy bajo el paraguas del organismo que conduce Sandra Pettovello.
Desregulación y Medios, los más incumplidores
El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, es el que más pedidos dejó sin responder en términos proporcionales: de 52 pedidos con plazos vencidos, 36 (casi el 70%) no fueron contestados.
Le siguen la Secretaría de Medios de Manuel Adorni (con una tasa de incumplimiento del 66%: respondió sólo 11 de 33 pedidos cuyos plazos ya se cumplieron); y el Ministerio de Salud (incumplió el 14% de un total de 1.327 pedidos).
¿Quiénes piden acceso?
Si se tiene en cuenta el tipo de solicitantes, las personas particulares (es decir, que no declaran pertenecer a ninguna organización, medio de comunicación o institución educativa) son las que más pedidos realizaron desde la implementación de la ley: en total 13.167.
Le siguieron la academia, con 4.615 solicitudes, los medios de comunicación, con 3.423 y personal del sector público, con 3.146. Finalmente, las organizaciones no gubernamentales (ONG) realizaron 2.331 pedidos.
Esta diversidad de solicitantes subraya el principio fundamental de la ley: que toda persona, ya sea humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin necesidad de justificar su pedido o demostrar un interés particular.
Fuente Chequeado
