El Gobierno analiza desde un indulto hasta empujar fallos que permitan el regreso a casa de Astiz y otros represores condenados. Incertidumbre por la marcha del domingo.
Santiago Caputo quiere que Javier Milei haga un gesto fuerte en favor de los genocidas para subirlo a otro round de la «batalla cultural» que considera más importante que la economía o la negociación política.
El grupo Marlboro que lidera el asesor estrella del presidente mantuvo reuniones con allegados a Victoria Villarruel, que espera un 24 de marzo diferente a los anteriores.
La vicepresidenta construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976.
La vicepresidenta intenta que esa agenda no se le interponga con el rol institucional, aunque espera un gesto de la Rosada. Y así como Karina Milei eliminó el Salón de las Mujeres de la Rosada el día de la Mujer, ahora el Gobierno quiere dar otro mensaje fuerte el domingo.
Los libertarios quieren cambiarle el sentido al día en que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar y la vicepresidenta tiene una expectativa de «subirse fuerte» a la conmemoración del 24 de marzo. «Puede haber quilombo», dijo a LPO un libertario de la primera hora, en referencia a la posibilidad de una «contramarcha».
El propio Milei dijo hasta en debate presidencial que «no fueron 30 mil» los desaparecidos y lo que los libertarios festejan como una incorrección política, para la oposición y los organismos de Derechos Humanos es negacionismo.
En cuestión de horas, el Gobierno salió a jugar en la batalla setentista. El ministro Luis Petri se sacó una foto con Cecilia Pando y avaló la teoría de los dos demonios pese a que todavía es miembro del partido que impulsó el juicio a las Juntas.
Milei propuso para la Corte Suprema a Manuel José García Mansilla, socio del hijo del ministro del Interior de la dictadura, General de División Horacio Tomás Liendo, que fue presidente de facto por 20 días en 1981. Su eventual llegada a la Corte hizo recordar al fallo de 2×1 a favor de los represores que el máximo tribunal debió retrotraer en 2017. Dos de los tres jueces que votaron a favor fueron Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz. La otra fue Highton de Nolasco, cuya vacante el gobierno quiere reemplazar con García Mansilla.
En el oficialismo esperan que el mensaje de Caputo sea algo más que un hashtag en las redes y por eso empezaron a correr versiones de indultos a los genocidas.
La figura del indulto, que sólo puede aplicar el presidente, es cuestionada por la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad y está prohibida por la ley 27.156 para esos casos. La discusión entre los juristas es si una ley puede pasar por encima de un atributo constitucional del presidente, ya que el artículo 99 de la Carta Magna es la que le confiere al primer mandatario la potestad de indultar. Acaso por eso, con un sentido de la oportunidad notable, la Cámara de Casación emitió este mismo miércoles un fallo con el que recordó que el indulto es «incompatible» en casos de lesa humanidad.
El Gobierno, que había enviado discretos operadores para que no saliera ese fallo, ahora estudia otro ángulo para beneficiar a los represores que están en la cárcel como Alfredo Astiz, que cumple perpetua en Ezeiza, y mandarlos a continuar la pena en sus casas.
LPO
