Por Claudio Altamirano
Coordinador del Programa Educacion y Memoria CABA (2008-2019)
El proyecto de Javier Milei para eliminar el femicidio como agravante en el Código Penal es un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Bajo la excusa de la ‘igualdad ante la ley’, ignora la violencia estructural que sufren las mujeres y desmantela una herramienta clave contra los crímenes de género, debilitando la capacidad del Estado para enfrentar la violencia machista.
En el Foro Económico Mundial en Davos, Milei criticó la figura del femicidio, diciendo que impone penas más severas solo por el sexo de la víctima, lo que, según él, implica que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que quieren eliminar este agravante, argumentando que «ninguna vida vale más que otra». Esta propuesta forma parte de un plan para derogar normativas como la Ley Micaela, los cupos laborales y legislativos, y el DNI no binario.
A casi diez años de la masiva marcha de Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, este retroceso es aún más alarmante. Desde esa movilización que visibilizó la violencia de género en Argentina, al menos 2745 mujeres y personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, víctimas de crímenes que responden a la misma estructura patriarcal que la ley busca combatir. Según el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven», en 2024 hubo 267 femicidios, es decir, uno cada 33 horas, lo que muestra la urgencia de mantener y fortalecer las leyes existentes.
Expertos en derecho penal y organizaciones de derechos humanos, advierten que esta medida minimiza la violencia de género y erosiona las herramientas estatales para enfrentarla. Al eliminar una figura penal que reconoce la violencia letal contra las mujeres por razones de género, se limita la capacidad del sistema judicial para abordar estos crímenes, impidiendo considerar el contexto de violencia estructural. Esto dificulta la obtención de justicia, desincentiva las denuncias y reduce la visibilidad del problema.
La tipificación del femicidio en Argentina, instaurada en 2012 con la ley 26.791, fue un hito en el reconocimiento de la violencia letal contra las mujeres por razones de género. Esta figura impone penas más severas y visibiliza un problema estructural arraigado en la cultura patriarcal. Simone de Beauvoir dijo: «No se nace mujer, se llega a serlo», recordando que la condición de mujer está influenciada por factores sociales y culturales, incluyendo la violencia estructural y el patriarcado. Al igual que otros 18 países de Latinoamérica, Argentina se comprometió con una agenda de derechos humanos que reconoce la violencia de género como una forma de opresión histórica. Desmantelar esta figura equivale a negar la existencia de esa violencia.
Milei y su ministro de Justicia sostienen que la «neutralidad penal» debe prevalecer, y que diferenciar entre homicidio y femicidio introduce sesgos ideológicos y complica la recolección de pruebas. Pero este enfoque desconoce las particularidades de la violencia de género y forma parte de una agenda más amplia que, bajo la apariencia de igualdad, desmantela políticas clave como la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género a funcionarios públicos, y elimina los cupos laborales para personas trans. Estas medidas no promueven la equidad, sino que neutralizan avances en derechos humanos y minimizan las desigualdades estructurales.
Eliminar el femicidio como agravante podría tener consecuencias devastadoras en la justicia penal. Las penas para homicidios en contextos de violencia de género podrían reducirse drásticamente, abriendo la puerta a la revisión de las 306 condenas por femicidio ya dictadas. Bajo el principio de «ley más benigna», esto implicaría reducciones de penas y excarcelaciones, debilitando la función disuasoria del derecho penal y dejando a las víctimas sin la protección necesaria. Este enfoque ignora las raíces profundas de un crimen sostenido por la cultura patriarcal.
La experiencia histórica y el análisis de discursos negacionistas muestran los peligros de deslegitimar la protección de derechos fundamentales. Así como la negación del Holocausto y otros crímenes de lesa humanidad se combate con legislación que protege la memoria histórica y la convivencia democrática, lo mismo debe aplicarse a la violencia de género. Reconocer el femicidio no es un exceso de protección, sino una respuesta a una violencia que históricamente ha sido invisibilizada y normalizada.
La educación es clave en la lucha contra la violencia de género. Promueve la conciencia sobre los derechos humanos y empodera a las nuevas generaciones para cuestionar y transformar las estructuras patriarcales que perpetúan la desigualdad. Las políticas de prevención, como la educación sexual integral, son cruciales para lograr la igualdad y prevenir los femicidios. Derogar políticas como la Ley Micaela y eliminar los cupos laborales para personas trans no solo obstaculiza la prevención de la violencia y la inclusión social, sino que también desmantela herramientas necesarias para construir una sociedad más justa.
La iniciativa de Milei ha sido calificada como un «retroceso alarmante» por organizaciones como Amnistía Internacional, que advierten que restarle especificidad al femicidio equivale a negar la violencia estructural que afecta a las mujeres. Movimientos feministas han salido a las calles denunciando que estas medidas reflejan un enfoque negacionista que minimiza las desigualdades históricas y los discursos de odio, potenciando una agenda autoritaria. Como en otros intentos de distorsionar hechos históricos, esta postura pone en peligro la consolidación de un Estado democrático de derecho.
Eliminar la agravante del femicidio debilita la capacidad del Estado para proteger a las mujeres y reconocer la violencia de género. La legislación debe reflejar el compromiso con la memoria histórica y la erradicación de las estructuras patriarcales, sin ceder ante argumentos que buscan uniformar injustamente situaciones que requieren respuestas diferenciadas.
La lucha contra la violencia de género exige un compromiso firme del Estado y la sociedad. Movilizaciones como la marcha del orgullo antifascista, antirracista y LGBTQI+ evidencian el respaldo colectivo y reafirman que la defensa de los derechos humanos es una tarea compartida. Como dijo Angela Davis: «Ya no acepto las cosas que no puedo cambiar… Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar».
La legislación no debe ceder ante discursos negacionistas que minimizan las desigualdades históricas y perpetúan estructuras de poder autoritarias. Esto representa un peligro para la consolidación de un Estado democrático de derecho. Debe fortalecerse a partir de un enfoque ius humanista, que ponga los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de las personas en el centro de todas las normas y decisiones legales, garantizando la protección integral de los derechos humanos.}}
Por Claudio Altamirano
Coordinador del Programa Educacion y Memoria CABA (2008-2019)
