Tras ocho meses de haber asumido el control de IMPSA, los nuevos dueños de una de las mayores metalúrgicas de la Argentina buscan todavía cerrar un acuerdo para refinanciar una millonaria deuda contraída por la ex empresa de la familia Pescarmona durante los últimos 10 años.
Se trata del fondo norteamericano Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF) que se quedó con la empresa en febrero pasado, marcando lo que fue la primera privatización de la gestión de Javier Milei al frente del gobierno nacional.
Lo hizo luego de haber pagado alrededor de u$s20 millones para comprar las acciones que estaban en poder del Estado Nacional y de la provincia de Mendoza y, de ese modo, asumir el control mayoritario de la empresa fundada hace más de 100 años por la familia Pescarmona luego de que en el 2021 la gestión del expresidente Alberto Fernández decidiera estatizar la metalúrgica para poner en marcha un plan de rescate y evitar su quiebra, agobiada por una deuda de u$s550 millones.
A principios de año, el consorcio extranjero presentó una oferta por u$s27 millones mediante un cronograma de capitalización y solicitó plazo para refinanciar la deuda de IMPSA y obtuvo la conformidad de los acreedores para encarar el proceso de renegociación del millonario pasivo que la llevó al borde de la quiebra en varias oportunidades.
Entre los principales acreedores de la empresa encuentran entidades públicas y privadas, tanto internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales; el Bradesco y el fondo de inversión Moneda Asset Management.
También, el Banco de la Nación Argentina; el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE, así como tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
Nuevo cambio en el APE
Pero luego de una serie de negociaciones con estos acreedores y con el resto de los tenedores de su millonaria deuda, IMPSA volvió a modificar los términos de su propuesta de reestructuración a partir de un proceso llevado a cabo por el fondo IAF en el marco del llamado Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) por el que atraviesa la compañía.
Se trata del cuarto cambio que sufre la oferta de reperfilamiento desde que IMPSA entró en default en el 2018 y contempla una propuesta integral para la reestructuración de la llamada deuda elegible mediante la reprogramación del cronograma de vencimientos de la misma (sin quitas de capital).
Según consta en los considerandos de la nueva propuesta que fue publicada por IMPSA en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el objetivo de este proceso es -«poder brindar a la compañía el tiempo necesario para posibilitar el ordenamiento y normalización de sus operaciones y de su estructura, así como la obtención de nuevos contratos conforme al plan de negocios impulsado por su nuevo accionista controlante y la estabilización de un flujo de fondos razonable proveniente de los mismos, conforme a sus ciclos esperables».
Para cumplir con esa premisa, la empresa presentará el acuerdo ante el Juzgado Concursal de Mendoza donde se viene tramitando su interminable proceso de reestructuración mediante el APE, y, en la fecha de liquidación, pondrá a disposición la nueva deuda en canje por el pasivo elegible, siempre que logre obtener la mayoría necesaria para cerrar esta etapa de manera definitiva.
De hecho, convocó a una asamblea para el próximo 15 de octubre, teniendo en cuenta que dentro de los 30 días hábiles judiciales desde que presente el nuevo APE, sus accionistas y acreedores ratifiquen la propuesta integral y den por finalizado el Fideicomiso Fiduciario que se había creado en la oferta anterior.
Un largo plazo de espera
«La reestructuración permitirá a los acreedores alcanzados recibir nueva deuda, para lo cual el monto de capital e intereses devengados bajo la deuda elegible se consolidará a la fecha de corte y quedará expresado en dólares por el monto de capital e intereses devengados hasta dicha fecha», se detalla en los considerandos de la carta enviada a la CNV.
Es más, se aclara que la nueva deuda se emitirá inicialmente por un monto de capital total equivalente a algo más de u$s583 millones, que se amortizará en nueve cuotas anuales iguales y consecutivas equivalentes al 11,1111% del capital en circulación pendiente de pago cada una.
Este procedimiento comenzará el 31 de diciembre de 2036 y tendrá vencimiento final el 31 de diciembre de 2044 y la nueva deuda se pagará mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON) directas, no subordinadas e incondicionales de la compañía, con garantía común sobre su patrimonio.
Además, calificarán pari passu, sin preferencia entre sí, y en todo momento tendrán al menos igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro que adopte IMPSA.
Fin del fideicomiso
Como parte del acuerdo y dado que las acciones depositadas en el Fideicomiso de Acciones de IMPSA representan actualmente sólo un 0,69 % del capital social y votos, y teniendo en cuenta además la desaparición del objeto y finalidad de dicho fideicomiso, se procederá a extinguir el instrumento.
A tales fines, los acreedores deben aceptar que dicha nueva deuda no les otorgará el carácter de beneficiarios del Fideicomiso de Acciones y que se transfiera a IMPSA la totalidad de los bienes fideicomitidos.
Ese instrumento fue creado en 2018, y formaban parte todos sus acreedores, mediante el cual se habían quedado con el 65 % de las acciones de IMPSA, que luego se redujo para permitir el ingreso del Gobierno nacional y de Mendoza al capital de la metalúrgica bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Condiciones de la nueva deuda
En definitiva, el prospecto de reestructuración establece que la deuda elegible será canjeada por nuevas ONs con oferta pública, privadas; nuevos bonos internacionales; nuevos préstamos, monto de nueva deuda que será equivalente al capital e intereses compensatorios devengados a las tasas contractuales aplicables bajo la deuda elegible correspondiente a cada acreedor alcanzado a la fecha de corte que fue establecida al 30 de junio pasado y expresado en dólares.
La propuesta también aclara que no habrá quita de capital, ya que la nueva deuda tendrá un valor nominal de u$s1 por cada u$s1 de deuda elegible y se amortizará en nueve cuotas anuales iguales y consecutivas del 11,1111% del capital en circulación pendiente de pago cada una, comenzando el 31 de diciembre de 2036 y con vencimiento final el 31 de diciembre de 2044.
Además, se aplicará una tasa del 1,5 % nominal anual, sobre saldos pendientes de capital, desde el 30 de junio de 2025, teniendo en cuenta que el nuevo interés que se devengue hasta el 31 de diciembre de 2027 se capitalizará en dicha fecha.
En tanto, el que se devengue desde el 1 de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2032, inclusive, será pagadero semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, de la siguiente forma: 50 % en efectivo y 50 % se capitalizará.
A partir del 1 de enero de 2033 y hasta la fecha de vencimiento, IMPSA cancelará en efectivo el 100 % del nuevo interés que se devengue, a lo cual debe sumarse que la nueva deuda contendrá cláusulas que establecen la obligación de IMPSA de aplicar el 100 % del excedente de efectivo a precancelar en forma obligatoria el capital pendiente de pago.
Preservar la continuidad de IMPSA
«Entendemos que esta propuesta de reprogramación de vencimientos de deuda permitirá brindar una solución definitiva a los problemas que han afectado a IMPSA y sus operaciones en los últimos años, asegurando al mismo tiempo la cancelación de dichas deudas, en condiciones razonables, sin quitas de capital y con objetivos cumplibles», detalla el documento de la compañía.
De acuerdo a los propietarios de IMPSA, la propuesta «permitirá preservar la continuidad de la empresa, su tecnología de primer nivel mundial en áreas de gran relevancia estratégica desarrollada durante sus más de 100 años de existencia, los puestos de trabajo para los más de 600 empleados directos y la actividad de las más de 100 PyMEs que trabajan con nosotros».
El paper destaca también que se trata de la primera vez, desde la reestructuración bajo el APE del 2017, que IMPSA cuenta con un accionista controlante dispuesto a desarrollar un plan de negocios y de inversiones acorde con las necesidades de la compañía, a fin de reposicionarla en los mercados mundiales.
Como parte de ese proceso, la compañía se compromete además a cumplir con varios compromisos durante el período que dure la reestructuración como administrar y operar de acuerdo al curso ordinario de sus negocios, «conduciendo sus actividades como buenos hombres de negocios, de buena fe y conforme a las prácticas pasadas y la legislación aplicable».
También deberá mantener una buena relación con sus clientes y proveedores y cumplir con sus obligaciones impositivas, laborales y/o provisionales; preservar el buen estado de conservación de los bienes y activos y no llevar a cabo ningún acto que pudiera afectar en forma sustancialmente negativa el valor de la compañía o de sus activos.
Reestructuración eterna
Ya en el 2020, los acreedores de IMPSA habían apoyado una oferta del entonces directorio de la empresa para encarar la recomposición de la estructura de capital en el marco del APE anterior.
Ese convenio también incluía un canje por ONs; nuevos préstamos y un bono internacional en dólares que debía tener un período de gracia hasta este 2025, momento en el que la empresa debía empezar a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual.
Luego, a partir de 2028, IMPSA debía comenzar a abonar el capital, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.
Pero tras la fallida estatización del 2021, IMPSA completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento durante este año por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036 y que también forman parte de la millonaria deuda que tuvo que negociar ARC Energy para quedarse definitivamente con el control de la metalúrgica.
El proceso forma parte de la estrategia integral de transformación que IAF lleva adelante en IMPSA y que está orientada a recuperar su capacidad industrial, tecnológica y exportadora.
La normalización de este pasivo es considerado fundamental por el directorio de IMPSA para poder aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.
Este plan se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.
Fuente Iprofesional
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