Por más que lo intentan, no hay caso: al Gobierno se le hace cuesta arriba concretar una sola privatización importante. Muy cerca de la mitad de su mandato, Milei sólo logró vender la mitad de la mendocina Impsa, por la que además no recibirá ni un dólar, los fondos prometidos son para afrontar deuda y capitalizar la firma fundada por Pescarmona.
El responsable de llevar adelante el proceso de privatización, Diego Chaher, responde directamente a Santiago Caputo que es quien maneja todas las empresas del Estado. Pero no es el único responsable de este fracaso, también el ministro Toto Caputo que controla toda el área energética logró vender las joyas que quedan en ese sector, como las acciones estatales en la transportadora Transener.
«Siempre pasa lo mismo, cuando se dan cuenta de los recursos que manejan las empresas del Estado, los sueldazos que se pagan, las secretarias, los choferes, la pauta, pierden el entusiasmo por privatizarlas», explicó a LPO un funcionario que tiene una mirada muy crítica sobre la gestión del principal asesor de Milei.
En efecto, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación no avanzaron ni un centímetro en la privatización o la menos la incorporación d ecapital privado. Lo mismo pasó con Arsat, el Correo y las rutas nacionales. Sólo se lanzó la licitación de la destruida «Ruta de Mercosur, la ruta nacional 12 que cruza Entre Ríos y por ahora no hay novedades.
Las razones son muchas, pero todas confluyen en un mismo punto: no hay gestión, no hay coordinación política y, sobre todo, no hay muñeca para navegar intereses cruzados y resistencias locales.
«No logran ni hacer bien un pliego. Incapacidad de gestión y de coordinación política. No tienen gente capacitada. Ni funcionarios políticos de peso para articular los intereses y llevar a cabo el proceso», dice, sin filtro, un empresario con acceso a los despachos oficiales.
Uno de los casos más sintomáticos es el de la mencionada Ruta del Mercosur. Se anunció, se canceló, se volvió a anunciar, se retocó, se suspendió otra vez. Entre internas en Vialidad, que después se disolvió y que ahora el Congreso anuló la disolución, marchas y contramarchas con Transporte y falta de aval político desde Jefatura de Gabinete, el expediente se convirtió en una carrera de obstáculos. Hoy, sigue empantanado.
Algo similar ocurre con Transener, la empresa que transporta más del 80% de la electricidad del país. El gobierno amagó con privatizarla desde el verano, pero ya pasaron ocho meses y la secretaría de Energía pidió ocho meses más. No hay precio, no hay modelo, no hay plan. Hay lobby, sí. Pero ni eso alcanza para mover el amperímetro.
Respecto a la venta de Aysa, Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, salió a despegarse de la compra de la compañía y dejó en ridículo al gobierno de Javier Milei que había salido a festejar la posibilidad de que se concrete esa operación.
La primicia de LPO sobre las versiones de que Mekorot podría desembarcar en AySA, asociada con los empresarios argentinos Daniel Sielecki y Mauricio Filiberti, causó un enorme revuelo y obligó a la compañía israelí a aclarar que no puede comprar activos en el extranjero.
Ahora, el presidente de AySA, el ex macrista Alejo Maxit, asegura el interés de las empresas de aguas de San Pablo y de Santiago de Chile y promete que en menos de tres meses ya la tiene vendida. Veremos.
Con las represas del Comahue, la falta de acuerdo con los gobernadores patagónicos empujó la decisión de prorrogar una vez más la concesión. Ni la voluntad política ni la técnica se animaron a desatar ese nudo y licitarlas.
«No saben como tasarlas. Contrataron consultorías millonarias pero desconocen que hay que diferenciar stock, el activo propiamente dicho, en relación al flujo, que depende del costo de generación convalidado», explicó la fuente consultada.
Intercargo, que presta servicios a las aerolíneas en tierra, tampoco logró despegar. Parecía un caso fácil, hasta lógico: una empresa monopólica con ingresos en dólares, apetecible para el sector privado. Pero el expediente no avanzó. Hay resistencia gremial, falta de marco normativo, y un silencio oficial que se hace cada vez más evidente.
El Belgrano Cargas es otra historia sin historia. Fue mencionado en los papeles del ajuste, incluso en discursos. Pero no hay ni un pliego, ni un llamado a licitación, ni una expresión mínima de intención concreta de venta.
Por no hablar del fracaso más estrepitoso que golpea de lleno a Chaher: la venta de Canal 7 y Radio Nacional. El mendocino empezó su recorrido en la administración libertaria como jefe de los medios públicos con la misión de venderlos todos: Milei hasta anunció en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el cierre de T’elam, la verdad es que la agencia sigue existiendo, sólo que de manera clandestina, ya no brinda un servicio público, sino que gasta su abultado presupuesto en hacer «gacetillas» que sólo reciben los funcionarios. Un delirio.
Se anunció que se iba a empezar por vender los carísimos terrenos de la Televisión Pública sobre la avenida Libertador y los de Radio nacional junto a la Panamericana. Casi dos años después nada. Los funcionarios aducen problemas legales -bienevidos a la política argentina-. Con ese criterio, Menem no habría podido vender ninguna de las grandes empresas públicas argentinas.
En paralelo, el Gobierno sorprendió este jueves con un gesto casi imperceptible: anunció, en voz muy baja, la venta de Cine.ar, un canal público dedicado al cine argentino. Si uno parpadea, se lo pierde. Lo concreto es que no tiene impacto fiscal.
El caso más insólito, sin embargo, fue la primer licitación que completó el gobierno para el almacenamiento de energía para el verano, las famosas «pilas». La Secretaría de Energía lanzó la licitación pero fracasó. Emparchó y volvió a fallar. Emparchó otra vez. Y ante la tercera caída por la falta de acuerdo con los privados, tuvieron que poner a Cammesa como garante para que el proceso no colapsara. «Un típico caso de paternalismo del Estado», dijo el empresario consultado en tono irónico.
Frente a este panorama, muchos recuerdan a Roberto Dromi y las privatizaciones de los 90. Aquel proceso, tan vertiginoso como polémico, logró privatizar casi todo: YPF, Aerolíneas, Entel, los trenes, los teléfonos. Verdaderos monstruos estatales. El Estado recaudó miles de millones de dólares. Hoy, con viento a favor, vendiendo absolutamente todo lo que queda, se calcula que se podrían conseguir apenas mil millones. Una cifra casi simbólica. Pero incluso esa meta parece inalcanzable para la desorientada administración libertaria.
Fuente LPO
