La privatización de la ruta del Mercosur volvió a la agenda. El 15 de enero pasado el gobierno anunció que se iniciaba la elaboración de los pliegos de licitación. Ahora anunciaron que los pliegos están listos.
En primera instancia, se licitarán 741 kilómetros de los mas de 4.400 kilómetros que abarca el total del proyecto:dos tramos del exCorredor Vial 18, cuya concesión venció el 9 de abril de 2025. Este corredor incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.También se licitará el «Tramo Conexión», compuesto por el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
La pregunta recurrente es por los mecanismos de financiamiento. Lo que esta claro es que no se trata de obra pública, sino de un negocio que resulte apetecible para el sector privado. «Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios», aclararon desde la Secretaría de Transporte que lleva a cabo el proceso de privatización.
Ante la presión de los gobernadores y de la Cámara Argentina de la Construcción, que realizó su convención anual este martes, desde el gobierno filtraron que esta en consideración avanzar con un paquete de obras prioritarias.
Lo cierto es que en el evento de la Cámara, los presentes no acusaron recibo. «Aca del gobierno no quiso venir nadie, ni siquiera a exponer los beneficios del equilibrio fiscal. Fue muy notorio el desaire», dijo a LPO un empresario de la construcción.
Como sea, el ambiente en la construcción es de un inocultable pesimismo, a pesar de los esfuerzos por no agravar públicamente la tensión con el gobierno. «La construcción se activa haciendo escuelas, hospitales y viviendas. No alcanza con un par de kilómetros de ruta», indicó a LPO un integrante de la UOCRA presente en el auditorio.
La paralización total de la obra pública, suscitó una fuerte crítica de la representante del Banco Mudial, Verónica Raffo, que expuso en la convención de CAMARCO. «La inversión pública es un multiplicador de la inversión privada, y una gran dinamizadora del empleo», le explicó al gobierno libertario, que define estas obras linealmente como gasto.
Cada año que pasa, el parque de infraestructura del país, rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales, escuelas, pierde valor a razón de 25 mil millones de dólares anuales. Pero eso no es todo: cuando el mantenimiento mínimo exigido por cada tipo de obra tampoco se realiza, ese deterioro se acelera de forma exponencial, generando un daño que no se mide solo en números, sino también en vidas y productividad.
Las cifras desagregadas son lapidarias. El Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público en el país se estima en 2,56 veces el PBI, en tanto el Valor Actual de la Infraestructura de uso público en el país, depreciada se calcula 1,14 veces el PBI.
En paralelo corren en la cinta, como el cuento de la buena pipa, los anuncios de los anuncios de los pliegos licitatorios de concesiones que no se concretan nunca. En este grupo conviven las represas del Comahue, cuyas concesiones vencieron en 2023; la construcción del segundo tramo del gasoducto y las obras para reforzar el anillo eléctrico en la región metropolitana, dos veces anunciadas por el gobierno similar al caso de la privatización de la ruta del Mercosur.
Aplaudo todos los reclamos de CAMARCO y sus fundamentos. Ojalá el Gobierno escuche y proceda en consecuencia, en vez de dedicarse a buscar nuevos enemigos.