«Mi hermana está recién parida y la tienen aquí».
Así le contaba Platino de Jesús al Diario Libre este martes en el centro de recepción de migrantes de Haina, situado a 20 kilómetros de Santo Domingo, la capital de República Dominicana.
La joven de 16 años había sido trasladada allí, con su bebé, tras ser detenida poco después de dar a luz en el capitalino Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina.
Junto a él esperaba noticias Celeste Noel, la tía de una joven haitiana embarazada que había sido arrestada en similares circunstancias en otra clínica y también tenían retenida en las instalaciones donde se procesa a quienes van a ser deportados.
Y es que desde el lunes agentes migratorios están solicitando documentos de identificación a pacientes en 33 centros de salud públicos del país, como parte de una serie de nuevas medidas contra la inmigración irregular procedente del vecino Haití anunciadas a principios de mes por el gobierno de Luis Abinader.
La primera jornada de estos operativos acabó con la deportación de 87 haitianas gestantes o recién paridas, acompañadas de 48 menores, según cifras divulgadas el martes por la propia Dirección General de Migración (DGM).
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«No somos perros», se quejaba Noel ante la reportera del medio local ante la inminente repatriación de su sobrina.
«Estamos aquí porque en Haití no tenemos presidente», explicó, refiriéndose al caos que impera en el país con el que República Dominicana comparte la isla La Española desde el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021.
Sumida en la más profunda de las crisis políticas y sociales, las pandillas controlan ya el 85% de su capital, Puerto Príncipe. Y la consiguiente violencia, que el año pasado se cobró la vida de más de 5.600 personas, ha acelerado el desplazamiento poblacional.
«La solidaridad tiene límites»
Con ello, son ya más de medio millón los haitianos que viven en República Dominicana, un país de 11,2 millones de habitantes, de acuerdo a cifras oficiales.
Pero desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha endurecido la política migratoria, multiplicando las redadas y las deportaciones, redoblando la presencia de la fuerza armada en la frontera y levantando un muro de 165 kilómetros entre las dos naciones.
Incluso prometió extenderlo cuando fue reelecto en mayo del año pasado para un segundo mandato de cuatro años.
Y en octubre redobló la apuesta, anunciando un plan «de ejecución inmediata» para repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana; un esfuerzo con el que se duplicaría la cifra anual de expulsados, que en 2023 fue de 250.000.
El objetivo es «reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas», mayormente de origen haitiano, explicó durante el anuncio el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.
Y provocó con ello una «enérgica condena» por parte de Haití y generó preocupación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos.
«Muchos haitianos están escondidos», le dijo entonces a BBC Mundo Denise Pichardo, la directora de Caminante, una ONG de apoyo a la infancia que trabaja con menores inmigrantes en el área de Boca Chica, municipio costero situado a 30 km al este de la capital.
«Es que se están llevando hasta los que tienen pasaporte o permiso de residencia, que en muchos casos tienen vencido y no pueden renovar», al estar los consulados dominicanos en Haití cerrados desde septiembre de 2022.
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Pero la ofensiva contra la inmigración irregular haitiana no acabó ahí.
El 6 de abril Abinader anunció otras 15 disposiciones en esa línea, que van desde el envío de 1.500 soldados más a la frontera, pasando por la licitación para erigir 13 kilómetros más de muro, hasta la «dominicanización del empleo» en zonas francas y en el sector turístico.
Y en ellas se enmarca también el llamado Procedimiento de Gestión de los Servicios de Salud para Pacientes Extranjeros, que tiene como objetivo «garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y asegurar una atención equitativa a la población».
«Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites», dijo al respecto el mandatario en su mensaje a la nación.
Para llevar a cabo el protocolo, se ha asignado a cada uno de los hospitales que conforman la red pública dos agentes migratorios, con la tarea de verificar que quienes acuden a ellos cuentan con una identificación válida, una carta de trabajo y un comprobante de domicilio.
«En caso de que no se cumpla con ninguno de estos requisitos, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado de inmediato», explicó el propio presidente.
«Los inspectores están aquí 24/7», le confirmaron a BBC Mundo por teléfono desde el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de Altagracia de Santo Domingo.
Aunque aclararon que están brindando la misma atención a los pacientes, sean nacionales o foráneos.
«Los servicios esenciales están garantizados» para los extranjeros, aunque ahora se les cobre por los insumos médicos, confirmó el responsable del Servicio Nacional de Salud (SNS) dominicano, Mario Lama.
De acuerdo a datos proporcionados por el funcionario, los hospitales incluidos en el protocolo concentran hasta el 80% de los partos de madres extranjeras. De todas las mujeres que dan a luz en el país, el 36,6% son haitianas.
«Es un abuso»
Desde el lunes medios locales y agencias de noticias se han hecho eco de detenciones de varias de ellas en centros de salud.
Al menos tres mujeres, con bebés recién nacidos en brazos, fueron ingresadas a un vehículo de migración el lunes tras ser sacadas del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de Altagracia, constató un reportero de la agencia AFP.
«Es un abuso», le dijo Dalina Pie, una haitiana de 26 años que se encontraba en la clínica ofreciendo apoyo a una parturienta. «Si la mujer parió hoy, no deberían llevársela. Si le hicieron cesárea, no sé qué va a pasar en el camino, porque no va ningún doctor con ella para atenderla».
La agencia EFE atestiguó una escena similar en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo, en el este de la capital, donde una mujer haitiana denunció que su hermana, que estaba de parto, fue detenida.
En un comunicado enviado a BBC Mundo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que está observando «un aumento de personas vulnerables entre las deportadas desde República Dominicana, en particular mujeres, incluidas embarazadas y lactantes, recién nacidos y niños».
Solo el 22 de abril el equipo de la OIM en el paso fronterizo de Belladère, en Haití, recibió a 416 deportados, entre ellos 11 mujeres en estado de gestación y 16 mujeres lactantes, informó el organismo.
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La OIM, que no está presente en el proceso de deportación ni en los hospitales, se enfoca en responder a las necesidades de los recién expulsados, proveyéndoles de asistencia humanitaria, primeros auxilios, referencias médicas y apoyo psicosocial.
Ahora «se está prestando especial atención a la salud materna, con alojamientos temporales para las mujeres lactantes cuando es necesario», apunta la organización.
Esta no es la primera vez que se llevan a cabo redadas en hospitales maternos dominicanos, recuerda Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (Obmica).
«Ya se registraron en 2021, pero ahora el protocolo permite un nivel de intervención mucho mayor y las autoridades lo están haciendo de forma más abierta, distribuyendo incluso las cifras», explica.
«Y lo hacen además a sabiendas de que están incumpliendo su propia legislación», subraya esta investigadora británica graduada de la Universidad de Oxford y que reside en República Dominicana.
Se refiere a que el reglamento de aplicación de la Ley General de Migración 285-04 (2011) y el Protocolo de Entendimiento entre Haití y República Dominicana (1999) establecen que las embarazadas, los ancianos, los niños, niñas y adolescentes no pueden ser deportados.
Para preguntarle sobre si el nuevo procedimiento contraviene dichas disposiciones, entre otras cuestiones, BBC Mundo solicitó una entrevista con el director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. Pero hasta el momento de la publicación de este artículo, sigue esperando la confirmación.
«Incensante violencia»
La investigadora Wooding y representantes de otras organizaciones que trabajan con migrantes le aseguran a este medio que las acciones del gobierno responden a la presión de grupos de extrema derecha que han realizado protestas contra la comunidad haitiana.
La más reciente se registró el 30 de marzo, cuando la Antigua Orden Dominicana, una organización ultranacionalista, realizó una marcha en rechazo a los migrantes en las cercanías de Hoyo de Friusa y Mata Mosquitos.
Barrios pobres situados a 15 minutos de la playa de Bávaro y a 25 del sector de hoteles de Punta Cana, centros turísticos dominicanos por antonomasia, se han vuelto estos días el otro epicentro de las redadas y deportaciones.
Preguntado por ello la semana pasada, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, le afirmó a BBC Mundo que el gobierno dominicano «tiene un plan para expandir» las redadas y detenciones a «todo el territorio nacional».
Acciones que tienen lugar a pesar de los llamados de Naciones Unidas a cesar las repatriaciones a Haití debido a la «incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos no permiten el retorno seguro, digno y sostenible».
Y en un momento en el que, por ese mismo deterioro de la seguridad, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la retirada temporal de dos centros de salud de la capital haitiana.
«Las deportaciones en este contexto constituyen una gran crueldad», zanja Wooding.
Fuente BBC News
