En agosto del año pasado un grupo de ocho policías de Rosario quedaron presos por armar una brutal emboscada contra un grupo de dealers a los que en un allanamiento ilegal les robaron 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego y 50 mil dólares. Ahora cayó preso el jefe que los conducía. Y con eso quedó al desnudo la brutalidad que las fuerzas del orden aplicaron para concretar sus objetivos. Una escena que incluyó torturas con picana eléctrica a dos vendedores para obtener información de dónde estaba guardada la droga.
El diálogo entre dos policías de este grupo deja ver que la tortura es un modus operandi. Utilizaban una picana robada por uno de ellos en un bunker. El sadismo se revela como moneda corriente. Disfrutan contando cómo arrancaron la información que los llevó hasta los que tenían esa partida de cocaína con un salvaje apriete a dos vendedores pequeños a los que atormentaron un rato antes.
En los teléfonos de estos mismos queda probado, meses antes, que torturaban. Entre risas comentan lo que hicieron con una persona a la que llevaron a un descampado. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le replica su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Lo que quedó expuesto completa el descenso a un infierno urbano, una bestialidad que terminó con una acusación por torturas contra seis policías que ya estaban imputados. Lo que pasó en esa casa de barrio Azcuénaga de Rosario, en la calle Forest 5600, es una película neo noir donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda.
El que detuvieron ahora es Miguel Alberto Aguilar, jefe de Servicio de la Compañía Alfa de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, que estaba a cargo de la dotación que irrumpió en la casa y al que apresaron en su vivienda de la ciudad de Coronda. En la audiencia judicial se reprodujo la conversación entre dos de los policías imputados que surge ahora. El oficial Guillermo Toledo le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína. A Abel Ferrara, de Un maldito policía, el diálogo le habría dado pudor.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo.
Este policía está hablando sobre la metodología en los operativos. Al describir la gravedad de esa situación, la fiscal María Virginia Sosa definió al policía como «un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
El robo de los 15 kilos de cocaína que concretaron los policías tiene dos pasos. La secuencia empezó a la tarde del 13 de agosto de 2024 cuando un par de policías dan con un par de dealers, en la calle Jean Jaures 5500, a los que golpean y torturan con picana eléctrica para sacarle la dirección «del pez gordo», vale decir, el proveedor. Bajo esos apremios brutales estos revelan que el suministro viene de la casa de calle Forest.
Ahí cayeron tres móviles de la PAT sin orden judicial y en esa tarde tan espesa arrasaron con la casa. Había tres adultos y dos niños de ocho y un año frente a los cuales actuaron con violencia extrema hasta encontrar los 15 ladrillos de droga, 50 mil dólares, 285 mil pesos y una veintena de armas. Este procedimiento fue a las 18.31 de ese 13 de agosto como consecuencia de los datos que pasaron los dos dealers torturados dos horas antes en la calle Jean Jaures.
Estos dos habían sido detenidos con un kilo de cocaína por el mismo grupo policial. Según testigos durante el procedimiento lloraban adentro de una camioneta. Un equipo conducido por el fiscal Javier Arzubi Calvo los convocó a declarar. Allí surgió que los policías los habían torturado con picana eléctrica para que dijeran quién era el que los proveía. Bajo ese apremio escupieron lo que le pedían.
«Los policías revisaron los celulares de los dos detenidos, amenazaron el futuro de sus familias, les aplicaron golpes y descargas eléctricas sobre sus cuerpos con un dispositivo que uno de los policías tenía en su poder. Insistieron hasta obtener el dato y luego, en los móviles policiales, fueron a Forest al 5600», dijo la fiscal federal Sosa.
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionan la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial.
Los fiscales federales desplegaron audios de distintos momentos, que provienen de los celulares secuestrados a los policías, para mostrar que la tortura con picana era un hábito.
De lo más interesante es la temeridad advertida en el suboficial Toledo, del cual se advierte que con ocho años en la fuerza tenía un desempeño consolidado en todo tipo de delitos. Un ejemplo contundente es cómo procedió con los 15 ladrillos de cocaína que les robaron a los traficantes: se la llevó a su propia casa.
Y la preocupación de Toledo no era tener en su vivienda esa partida mejicaneada a unos narcos, o las consecuencias penales de ese acto, sino que alguien pudiera robársela a él. Con los policías ya tenían colocada esa droga según surge con claridad de sus teléfonos. Habían gestionado su venta en la ciudad de Santa Fe. Y hasta habían hecho cálculos de la plata que iban a ganar con esa operación. Calcularon que iban a obtener ganancias por 155 millones de pesos. Eso incluía el dinero que le sacaron a los que tenían los ladrillos.
Los ocho policías quedaron ahora con prisión preventiva por los próximos seis meses dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros. Uno de ellos, el jefe Aguilar, estará preso por 90 días. Están imputados como coautores de los delitos de omisión de evitar torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integrar una asociación ilícita.
Fuente LPO
