Por Claudio Altamirano.
Coordinador del Programa Educacion y Memoria CABA (2008-2019).
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es imprescindible realizar un balance del primer año de gobierno de Javier Milei en materia de brechas de género. La autodenominada lucha contra la “ideología de género” ha sido una de las banderas discursivas del oficialismo, pero detrás de esa narrativa se esconde un brutal desmantelamiento de las políticas públicas que buscan reducir las desigualdades. El modelo económico implementado no solo profundiza la crisis social, sino que impacta de manera diferencial y más gravosa sobre mujeres y diversidades.
El retroceso es evidente en diversos ámbitos. Uno de los sectores más golpeados ha sido el trabajo de casas particulares, históricamente feminizado y precarizado. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, se perdieron 15.748 puestos de trabajo, mientras que los ingresos de las trabajadoras del sector cayeron un 21,8% en términos reales a enero de 2025. Esta pérdida de poder adquisitivo significa un deterioro directo en las condiciones de vida de miles de hogares, donde estas trabajadoras son el sostén principal.
El ajuste también golpeó con fuerza a las docentes, otro sector altamente feminizado. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) representó un recorte nominal promedio del 12% del salario. A esto se suma la negativa del gobierno a convocar la paritaria nacional docente, dejando a miles de trabajadoras en manos de negociaciones provinciales, muchas veces insuficientes para recomponer los ingresos frente a la inflación.
Las mujeres jubiladas no han quedado al margen. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas alcanzó el 13,3% solo en el primer trimestre de 2025. La eliminación de la devolución del IVA y los recortes en prestaciones del PAMI se suman a un combo regresivo que castiga especialmente a las mujeres mayores, principales beneficiarias de estas políticas.
Uno de los retrocesos más alarmantes se dará en marzo de 2025, cuando el gobierno decida no prorrogar la moratoria previsional. Esta herramienta había permitido que miles de mujeres que no alcanzaban los años de aportes suficientes pudieran acceder a una jubilación. Sin ella, 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse quedarán excluidas, perpetuando así la desigualdad estructural que enfrentan en el acceso a la seguridad social.
Las políticas de transferencia de ingresos, fundamentales para paliar la pobreza y garantizar un piso mínimo de derechos, también sufrieron recortes drásticos. El ex programa Potenciar Trabajo, donde el 63% de las titulares son mujeres, perdió el 64,6% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. El programa Acompañar, destinado a mujeres y diversidades en situación de violencia de género, no solo perdió casi un 30% de su valor, sino que se redujo su duración y se establecieron requisitos que dificultan el acceso, como la obligatoriedad de presentar una denuncia policial.
El impacto de estas medidas se refleja también en el desmantelamiento institucional. La degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una dirección de menor rango es más que un gesto simbólico: implica una desjerarquización de las políticas de género que se traduce en menor presupuesto, menor capacidad de acción y un mensaje claro de desprecio por la agenda feminista.
A esto se suma la ofensiva discursiva contra los derechos conquistados. El gobierno ha anunciado su intención de avanzar contra el derecho al aborto, la Ley de Identidad de Género, la figura de femicidio en el Código Penal, la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela. Esta ofensiva no es solo una cuestión ideológica: implica un ataque directo a derechos consagrados, incluso por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que Argentina ha ratificado.
La narrativa que descalifica las políticas de género como parte de una supuesta “ideología” desconoce que estas políticas no son caprichos, sino respuestas estatales a desigualdades materiales verificables. El retroceso en la protección de estos derechos no solo agrava las condiciones de vida de mujeres y diversidades, sino que también debilita la democracia y el Estado de derecho.
En un contexto de crisis social y económica, donde las desigualdades tienden a profundizarse, el desmantelamiento de las políticas de género es una estrategia de disciplinamiento social. Frente a esta avanzada, el movimiento feminista y de diversidades se erige una vez más como una de las principales fuerzas de resistencia. El 8 de marzo será una jornada de lucha para exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la igualdad de género, la protección contra las violencias y el acceso a derechos fundamentales.
Negar las desigualdades de género no las elimina, solo perpetúa la opresión sistémica. La agenda feminista es fundamental para desmantelar las estructuras que explotan y marginan a mujeres y diversidades. En tiempos de retroceso, la lucha colectiva por una sociedad más justa e igualitaria es un compromiso de todas y todos.
Por Claudio Altamirano. Coordinador del Programa Educacion y Memoria CABA (2008-2019).
Para Panorama Politico
Excelente retrato de la crueldad de este gobierno y de su desprecio por las mujeres y los más vulnerados.