En plena negociación con la oposición, el Gobierno se esperanza en la sanción de la Ley de Reiterancia Delictiva a raíz del clima instalando en la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años apuñalado en el partido bonaerense de Moreno.
El proyecto de Ley de Reiterancia y Reincidencia fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en marzo de 2024, y apuesta a que las personas acusadas o procesadas en varias investigaciones por el mismo delito esperen por la resolución de su causa en prisión. «Si reiterás, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente», supo argumentar la funcionaria tras la presentación.
La reincidencia está contemplada en el Código Penal, en el título VIII, del artículo 50 al 53, y determina que aplica la normativa cuando una persona que cumplió una pena de prisión comete otro delito también penado con cárcel.
El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, explicó a Cadena 3 que la reincidencia se refiere a una persona que, tras ser condenada, comete un nuevo delito.
El nuevo marco legal propone que la reincidencia no solo se considere cuando una persona cumple una condena previa, sino que se amplíe a situaciones donde se registren múltiples detenciones.
«La reiterancia es un concepto nuevo que ya se aplica en varias provincias y países de la región», aclaró Soto. Este enfoque permitirá a las autoridades judiciales evaluar el historial delictual de un individuo antes de decidir sobre su libertad.
Soto enfatizó que, con esta reforma, los jueces y fiscales tendrán la obligación de investigar si un detenido tiene causas pendientes o antecedentes de fuga. «Si el policía detiene a alguien que fue arrestado repetidamente, ya no podrá ser liberado sin una evaluación rigurosa», detalló. Esto busca cerrar la «puerta corrediza» que permite a los delincuentes salir y entrar del sistema judicial sin consecuencias.
La ley también establece que el fiscal deberá solicitar informes sobre el historial delictual del detenido, incluyendo restricciones de acercamiento en casos de violencia. «Ahora va a tener que pedir informes para determinar si tuvo otras detenciones», explicó Soto. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se manejan los casos de delitos reiterados.
El proyecto enfrenta resistencia de algunos sectores, como Unión por la Patria y parte de la izquierda, aunque cuenta con el apoyo de otros bloques como la UCR y La Libertad Avanza. «Parece que vamos a tener los votos, pero hasta que no se levante la mano, no lo tenemos», concluyó Soto.
Con esta propuesta, el Gobierno busca mejorar la seguridad y la eficacia del sistema judicial, enfrentando la crítica situación de la delincuencia en el país. La implementación de bases de datos interconectadas entre jurisdicciones es un paso necesario, aunque aún queda mucho por avanzar en este sentido.
Fuente Cadena 3
