Cuando Horacio Marin asumió la presidencia de YPF inauguró un proceso de desinversión en todas las unidades de negocios con excepción de Vaca Muerta. En este paquete entra el vaciamiento de Y-Tech, pionera regional en el montaje de celdas de litio, la paralización de YPF Luz, que desplegó un importante desarrollo de parques de generación de renovables, y la venta de la participación de su en Metrogas, empresa que cuadriplicó sus ganancias brutas a lo largo de este año. Pero el corazón de esta reestructuración era el desprendimiento de los pozos de petróleo convencional enlistados en el denominado Proyecto Andes.
El Proyecto Andes fue desde el comienzo un pilar clave de esta estrategia de negocios. «El objetivo es desinvertir 55 bloques agrupados en 11 clusters que en total suman más de 34 mil barriles de petróleo diarios y casi 4 millones de metros cúbicos de gas», explicó el vicepresidente de Estrategia, Nuevos Negocios y Control de Gestión de YPF, Maximiliano
Westen cuando se lanzó la iniciativa en febrero de este año.
Pasaron 10 meses y el Proyecto Andes, lejos de generar recursos para volcar en Vaca Muerta, se transformó en un gran dolor de cabeza para la petrolera de bandera. La clave del fracaso está en el costo del pasivo ambiental, que nadie quiere asumir.
El costo del pasivo ambiental hace que un pozo de petróleo convencional sea o no rentable. Además, las empresas que compulsan en este segmento son juniors comparadas con los grandes players de la cuenca neuquina. No tienen espalda para asumir ese costo.
Recuperar cada metro cúbico vale alrededor de USD 150. Con una producción de 5000 MM3 promedio, para reparar el daño ambiental hay que desembolsar USD 750 millones. Y la venta de las áreas sumarían USD 800 millones según las estimaciones del presidente, Horacio Marín.
Las provincias se resisten a firmar el traspaso de areas a empresas que no tienen respaldo financiero para asumir el costo de los pasivos ambientales. Son bloques en Santa Cruz, Chubut, Neuquen, Rio Negro y Mendoza. «Los gobernadores saben que si ponen el gancho pueden terminar en cana. No es joda» marcó a LPO una fuente patagónica que apuntó a las organizaciones ambientalistas «Se están atrincherando para tirar con de todo. Es mucha plata la que hay en juego» afirmó esta fuente.
La posición de YPF es contundente: «El que compre las áreas se tendrá que hacer cargo del pasivo ambiental» afirmó Westen. Del lado de enfrente la respuesta de las provincias es igual de clara. «El gobierno de Mendoza nunca podría asumir esa responsabilidad que es solidaria y subsidiaria del generador de los pasivos, por ley general de ambiente», dijo a LPO un funcionario mendocino.
A la preocupación por la embestida de organizaciones ambientalistas amparadas por ley se sobreimprime un potencial golpe financiero. «Que YPF no se haga cargo del pasivo ambiental puede dañar seriamente su perfil crediticio, y revertir la tendencia alcista de sus acciones», indicó a LPO una fuente de Wall Street.
Lo concreto es que de los 55 bloques, la petrolera estatal sólo logró avanzar con la venta de dos. Pecom, retornó al rubro como operador del bloque El Trebol Escalante en Chubut. Y Petrolera Comodoro Rivadavia (PCR) obtuvo la habilitación como operador del bloque de Llancanelo. Mientras tanto la cuestión del pasivo ambiental continúa en el limbo.
Distinto es el caso de Santa Cruz. La relación entre YPF y el gobernador Claudio Vidal está completamente rota. La empresa tiene decidido forzar el traspaso. Dejó de cubrir los costos de los contratos de servicios, que están en ‘stand by’ desde el primer cuatrimestre del año. Esto provoca que 2000 empleos directos e indirectos de YPF están cobrando un sueldo sin realizar tareas en los campos petroleros. La compañía que conduce Marin ya avisó que el 1º de enero de 2025 dará de baja los contratos de servicios que no tengan una contraprestación efectiva. «Gran problema para Claudio Vidal. Por eso negocia a contrareloj un acuerdo con Eurnekian, Cristobal Lopez y los hermanos Neuss para que le salven las papas y se queden con los pozos», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las conversaciones.
En simultáneo el proceso de desinversión también llegó a Puerto Madero. En la Torre de YPF trabajan hasta ahora unos 2000 trabajadores. Pero la gestión de Marin encaró una reducción de personal muy agresiva. «Se va uno de cada diez, separados por área», indicó a LPO una fuente al tanto de las decisiones del directorio de la petrolera.
Fuente LPO
