El Gobierno informó al Congreso que ejecutó poco menos de 25% del presupuesto asignado para obras de obra pública. En lo que va del 2024, este renglón del gasto público tuvo un nivel de ajuste similar al de las jubilaciones, y podría terminar el año como la partida con la poda más representativa para que el Poder Ejecutivo pueda alcanzar el equilibrio fiscal.
De acuerdo a los datos que entregó Jefatura de Gabinete al Congreso en su informe número 141 al parlamento, que presentó Guillermo Francos este miércoles, hay crédito presupuestario vigente para obra pública por unos $247.464 millones, de los cuales fueron devengados -no efectivamente pagados- $59.311 millones, lo que representaría un 24%, poco menos de un cuarto del total, con datos hasta finales de octubre.
La Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje más alto que el resto de ejecución (82%) ya que dentro de esta jurisdicción están incluidas las obras de la cuenca Matanza-Riachuelo, un proyecto que fue desembolsado casi en su totalidad ($18.796 millones de los $20.213 millones presupuestados).
En la provincia de Buenos Aires el porcentaje es mucho menor (3,7%, es decir $1.700 millones de los $44.839 millones de crédito vigente), con déficits de ejecución de obras de saneamiento, infraestructura del conocimiento (0 pesos de los $2.721 millones asignados) o viales, como el paso a nivel en el partido de Almirante Brown que requiere $10.077 millones para su concreción y de los que solo fueron devengados $432 millones.
Una provincia como Córdoba tuvo un nivel de ejecución superior al 100%, ya que devengó más fondos ($7.038 millones) de los que tenía presupuestados ($5.422 millones) por obras de saneamiento que, en las planillas, no tenían fondeo asignado pero que fueron financiados por el Tesoro nacional. La Pampa, Santa Cruz San Juan y Río Negro, por su parte, tuvieron cero pesos de ejecución de obras desde la Casa Rosada.
En un panorama general de ajuste del gasto público a lo largo del año para sostener el superávit primario durante los primeros diez meses del 2024, las partidas para obra pública ejecutada por la Nación y las transferencias a provincias por este concepto explican una de las partes más importantes de todo el ajuste realizado.
Estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del Ministerio de Economía muestran que la contribución al ajuste fiscal en lo que va del gobierno de Javier Milei está explicado, en un 24,2%, en la poda presupuestaria de gastos de jubilaciones, seguido por un 23,6% en obra pública. Así, casi la mitad de todo el ajuste sobre los gastos se basó en jubilaciones y proyectos de infraestructura.
El Gobierno anunció desde el inicio de su gestión que llevaría adelante un fuerte recorte de obra pública y de transferencias corrientes y de capital a las provincias como columna de apoyo del plan para eliminar el déficit de las cuentas públicas en el primer año de mandato. A lo largo del 2024 se involucró en negociaciones con la mayoría de las provincias para concretar un traspaso de obras, es decir, reescribir los contratos para que sean los gobernadores quienes se hagan cargo del financiamiento y del pago de los avances de obra a las empresas privadas constructoras.
A mitad de año la Secretaría de Obras Públicas determinó que del total de obras de infraestructura que estaban en ejecución tras el cambio de mandato, solo continuaría con fondos nacionales un 15% del total, mientras que habrá unos 2.000 proyectos que serían discontinuados, postergados sin fecha precisa o transferidos a las provincias.
El freno a la obra pública tuvo una repercusión en el nivel de actividad sectorial. De acuerdo a los últimos datos de Indec hasta septiembre, la construcción acumula entre enero y septiembre un desplome de 29,5 por ciento. La foto más reciente muestra signos de recuperación: ”Un 70% de las empresas que realizan obras privadas y un 51% de las públicas cree que se mantendrá estable”, planteó de acuerdo a datos del Indec la consultora LCG.
El recorte generalizado a la obra pública llegó con una consecuencia lateral: el reclamo de las empresas integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) por deudas de pagos de certificados de avance de obras que en esa entidad estiman en unos $400.000 millones, un número que en el equipo económico desconocen, aunque en reuniones entre ejecutivos del sector y el Ministerio de Economía esa discusión apareció.
En el informe de Francos al Congreso reconoció que por Vialidad Nacional existe una deuda por certificación de obras por $134.248 millones. “No existe presentación formal de detalle que permita conciliar el monto señalado en la pregunta con los registros oficiales”, aseguró Jefatura de Gabinete ante una pregunta del Senado.
“Asimismo, se están evaluando los contratos existentes y la situación de posibles incumplimientos, asegurando que se actúe de manera equitativa y transparente. Los Acuerdos Marco de Colaboración firmados con las provincias son un reflejo de este enfoque, promoviendo un marco de cooperación que respete tanto los derechos de los contratistas como las necesidades de la infraestructura pública”, concluyeron.
Entre las empresas creen que ya este año la rueda de funcionamiento de la obra pública ahora en manos de los gobernadores no arrancará por la misma razón: las provincias tuvieron que ejecutar su propio ajuste de gastos para adaptarse a un contexto de transferencias desde la Nación mucho menor.
Al observar los números del Presupuesto 2025, interpretados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), se prevé que el gasto de capital para2025 ascienda a $4,277 billones, lo que implicaría, al descontarle la inflación, un crecimiento real de 6,8 por ciento “contrastando con la tendencia observada desde el inicio de actual gestión, durante la cual se ha verificado una muy significativa desaceleración de la inversión pública”, indicaron.
Las planillas presupuestarias que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso muestran, por ejemplo, que las partidas para Vialidad Nacional crecerán en términos nominales un 68% hasta poco más de 1 billón de pesos (cerca de tres cuartos se utilizarán para construcción y mantenimiento de rutas). Un 63% lo harán los envíos para el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento hasta 108.000 millones de pesos.
Fuente Infobae
