Axel Kicillof consiguió avanzar con la reforma previsional del Banco Provincia, una ley insignia del gobierno de María Eugenia Vidal. El gobernador consiguió los votos de un sector de los libertarios encabezado por Carlos Kikuchi para aprobar la ley por mayoría simple.
El gobierno hizo una interpretación del reglamento para poder sortear la mayoría especial que le era imposible alcanzar y cerró filas con tres senadores que llegaron a la Legislatura en las listas de La Libertad Avanza, pero que rompieron con Javier Milei después de las PASO.
Fue una sesión caliente, con cruces fuertes donde los senadores del PRO sintieron la derrota. Kikuchi arrancó planteando la posición de su bloque lanzando fuertes críticas a Cristian Ritondo, quien ayer salió a cuestionar el acuerdo que había empezado a consolidarse en la Legislatura.
«Nuestro bloque recibió ataques desde los medios de comunicación masivos, desde las redes, incluso desde un comunicado oficial del PRO en la provincia. Es una falta de respeto, pero a nosotros no nos presiona nadie», dijo el ex armador político de Milei en la provincia.
Ritondo había planteado en un largo posteo en las redes que Kicillof recibiría la ayuda de algunos los senadores que entraron «defendiendo el cambio desde La Libertad Avanza».
En tanto, el senador Sergio Vargas también cargó contra Ritondo y dijo que el diputado nacional avaló en la discusión del paquete fiscal de la Nación a tabacaleras que tienen una deuda de más de 3.000 millones de dólares con el fisco nacional. «Con tal de posicionarse dentro de La Libertad Avanza no tienen límites», dijo.
El jefe de los senadores del PRO, Alejandro Rabinovich, buscó un mecanismo legislativo para bloquear la derogación de la ley y pidió una moción para evitar que el proyecto se vote con mayoría simple, pero el pedido no reunió los votos.
En tanto, Alex Campbell blanqueó el malestar del bloque por la derogación de la ley. «Algunos legisladores quieren volver a dar jubilaciones de privilegio. Vivimos en una provincia que tiene el 50% de pobres y quieren seguir dando jubilaciones de privilegio», dijo.
El senador del PRO se mostró discursivamente muy cerca del gobierno nacional. «Tenemos un presidente que está haciendo un esfuerzo enorme», dijo y acusó a Kicillof de ser comunista.
Marcelo Daletto hizo quizás el discurso más técnico en defensa de la ley aprobada en 2017. Dijo que ese año el déficit de la caja previsional del Bapro era del 52% y que en 2023, ese déficit cayó al 23%.
Uno de los puntos centrales en la discusión era el artículo 42 de la ley que los jueces de la Suprema Corte bonaerense consideraban institucional. Ese artículo establecía que parte del déficit de la caja se debía cubrir con transferencias del gobierno nacional.
Christian Gribaudo fue otro de los que enfureció cuando cuestionaron a Ritondo. «Meternos en cuestiones personales es trasgredir y pasar un límite. No lo vamos a permitir», dijo y acusó a los senadores aliados a Kicillof de estar «embarrando la cancha».
Al momento de votar sorprendió la posición de la senadora Betina Riva, que responde a Carolina Piparo, y que votó a favor de derogar la ley que la propia Piparo votó en 2017. La diputada nacional supo trabajar en el Banco Provincia y sufrió fuertes escraches por su voto. Incluso empleados del banco difundieron en 2017 a través de WhatsApp su número de teléfono e invitaron a ir a apedrear las casas de sus familiares.
La novedad de la sesión fue el acuerdo entre el peronismo y el bloque libertario distante de la Casa Rosada. Esta nueva alianza puede convertirse de cara a lo que viene en la llave para que el oficialismo -que no cuenta con la mayoría propia- pueda bajar proyectos al recinto.
En el bloque entendieron que el artículo 41 de la ley de 2017 suponía un problema toda vez que prohibía al Poder Ejecutivo provincial hacerse cargo de cualquier déficit. «Estaríamos no sólo frente a una posible inconstitucionalidad, sino también transfiriendo el problema al tesoro nacional», dijeron en la sesión.
También alertaron respecto de la multiplicación de amparos en favor de los bancarios que deben ser asumidos por las arcas de la provincia. «Esto no solo podría generar un déficit aún mayor que el actual, sino que podría empeorar la situación anterior a la sanción de la Ley 15.008, dado el elevado número de litigios que provocaría», afirmaron desde el bloque.
