n nuestro país, la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la de reproducción asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación garantizan la diversidad sexual y la no discriminación. Se suman la debida adhesión y el respeto a los estándares y obligaciones internacionales en esta materia, como los que fijan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de Montréal (2006) y los Principios de Yogyakarta (2006). Nuestro país asume responsabilidades internacionales si incumple estos preceptos, aunque debemos decir que suelen ser utilizados y acomodados en función del objetivo buscado; basta recordar la desoída definición de la ONU sobre el inicio de la vida humana al momento de la concepción.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha, convocó al ministro de Justicia la semana pasada para que explicara por qué se puso fin a las políticas de género además de cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En ese contexto, Mariano Cúneo Libarona sorprendió con sus polémicas declaraciones a poco tiempo de haber afirmado que el área de género tendría prioridad absoluta. “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”, manifestó. Sus palabras no fueron ciertamente las más afortunadas y generaron críticas justificadas cuando arribar al reconocimiento legal de la diversidad sexual llevó tantos años y esfuerzos, una batalla que aún se libra en el campo social y cultural.
La diputada Carla Carrizo interrumpió y contraatacó: “Es una falta de respeto, no importan sus opiniones, tiene que atenerse a la ley”. Apartarse de las normas siempre será condenable, mucho más cuando es el propio ministro de Justicia quien lo hace.
El prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay describe el comportamiento del ministro como propio de la Edad Media, buscando imponer una suerte de inquisición.
Duro con la gestión anterior, Cúneo Libarona destacó: “¿Qué es lo que encontramos en el ex Ministerio de la Mujer? Acá hubo mucha hipocresía de género, cinismo, por suerte el ministerio no existe más”. Un pensamiento sin duda compartido por muchos, empezando por el presidente Milei, que lo calificó de “siniestro” y de “antro de persecución ideológica” como el Inadi. Cúneo detalló que encontró más de 1000 empleados, de los cuales solo 70 trabajaban en forma permanente y el resto vía Zoom, sin funciones suficientemente claras ni contratos en condiciones. Como suele ocurrir, muchos fueron nombrados justo antes del cambio de administración –militantes, parientes y amigos–, sumando capas geológicas a la planta estatal que heredan los que llegan.
“Las cifras de violencia, por el contrario, se incrementaron”, subrayó el ministro. A este respecto, no ha faltado a la verdad cuando también desde este espacio denunciamos reiteradamente esta dolorosa realidad: más de 8000 millones de pesos gastados en 2023 sin que se brindara el suficiente acompañamiento, asesoramiento adecuado ni atención psicológica a las víctimas de violencia. Cada 35 horas muere una mujer en la Argentina, a pesar de cuantiosos presupuestos oscuramente manejados. “Hoy la exministra de la Mujer está investigada por no defender a quien debía” dijo, refiriéndose a Ayelén Mazzina en el caso de Fabiola Yañez. Cierto es que poco oímos también desde este organismo sobre la feminización de la pobreza, menos aún sobre las denuncias contra José Alperovich o sobre la muerte de Magalí Morales.
El pensamiento único y el rechazo a categorías distintas nunca serán la mejor forma de encarar la sana convivencia republicana. En ese marco, coincidimos en que las ideologías que han querido imponernos no nos representan a todos por igual y que en su defensa tramposa se han dilapidado descontroladamente los dineros públicos. Sin abandonar el respeto a la diversidad, celebraremos que se retome la senda de la cordura.
Un rediseño sensato de funciones estatales junto con la racionalización del gasto deben propender a dar las respuestas que la sociedad necesita en tan delicada materia.
FUENTE: LA NACION
