Aunque no es determinante para la definición, el factor económico también tiene incidencia en el debate por la implementación de la boleta única de papel (BUP) que la cámara baja se encamina a aprobar este martes. El nuevo sistema le pondrá fin al negocio millonario de la impresión de boletas que generaba lo que se conoce como pymes electorales.
El costo de la boleta única
“De hecho, la boleta única es más cara que la boleta tradicional. Pero el sistema termina siendo más barato en general”, explicó durante el encuentro María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, una de las provincias en las que ya se utiliza el nuevo instrumento de votación.
Sin embargo, en la Casa Rosada calculan que el costo será “más o menos la mitad” que con la boleta actual, pero no dan mayores precisiones. La ley de financiamiento de los partidos políticos establece que la Dirección Nacional Electoral (DINE) debe entregar a las agrupaciones políticas dinero suficiente para imprimir el equivalente a una boleta por elector registrado en cada distrito. Eso generó una proliferación de verdaderas pymes electorales, sellos de goma que aparecen para competir en las elecciones, reciben el dinero estatal, consiguen justificar la supuesta impresión de boletas con facturas apócrifas y luego se esfuman.
Para tener una referencia, en 2023, la DINE fijó el precio de cada boleta en 2,92 pesos. Por eso, las 15 alianzas que se presentaron para competir por la Presidencia recibieron $ 103.351.721 cada una para imprimir papeletas para un padrón de 35.193.985 de votantes. En total, entre las tres instancias electorales (PASO, generales y ballotage), el Estado realizó un aporte de boletas electorales partidarias por $ 14.078.925.372.
Además del dinero que recibían por ley, con el sistema tradicional los partidos con mayores recursos imprimían sus propias boletas, que utilizaban para hacer campaña. En algunos casos, el elector llegaba al cuarto oscuro ya con la papeleta que recibía en su casa. Esa modalidad favorecía a los espacios políticos tradicionales, con mayor capacidad económica y de logística de reparto.
Pero esa situación terminará con la sanción de la nueva ley. Según establece el artículo 64: “La impresión de las boletas únicas de papel, de los afiches con la publicación de las listas completas de candidatas y candidatos propuestos por las agrupaciones políticas que integran la Boleta Única y las actas de escrutinio y cómputo estarán a cargo del Poder Ejecutivo. Se deberá imprimir la Boleta Única en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un cinco por ciento (5%) adicional para reposición en caso de contingencias”.
En definitiva, ahora el Estado deberá imprimir solamente las papeletas que alcancen para cubrir un padrón electoral, a lo que se suma un 5% para cubrir contingencias, roturas o alguna confusión por parte del votante. Si bien la boleta única garantiza la presencia equitativa de los partidos en el cuarto oscuro, los especialistas piensan que el fin del negocio de las impresiones podría desalentar, también, la multiplicidad de candidaturas.
“El elector siempre va a poder votar al candidato que quiere en la boleta única. Es un sistema más económico, más sustentable, y termina con malas prácticas, como el robo de boletas”, apuntó durante la charla Alan Clutterbuck, presidente de la Fundación RAP.
Si bien la implementación del nuevo sistema terminaría con el robo de boletas -un fenómeno marginal, según todos los especialistas en la materia- y evitará la necesidad de reposición, eso no significa que los partidos políticos no deban tener la misma cantidad de fiscales el día de la elección. El momento del recuento requerirá su presencia y será más exigente que con el sistema tradicional.
