- La Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra vacante desde 2009. Su nombramiento también depende del acuerdo del Parlamento. Además, organismos que regulan los servicios públicos, como el ENRE y el ENARGAS, continúan a cargo de interventores.
- Por otra parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene a su fiscal titular designado por concurso en 2014, mientras que la UIF y la Oficina Anticorrupción, que dependen del Ejecutivo, tienen autoridades designadas por el actual Gobierno.
La gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) se encontró, en algunas de sus iniciativas, con contrapesos institucionales: el Congreso, en algunos casos; el Poder Judicial, en otros.
La Administración Pública Nacional (APN), además, cuenta con otros sistemas de control, internos y externos, que auditan la gestión de los ministerios, entes descentralizados y empresas públicas, entre otros. Y otros organismos, por dentro y fuera del Ejecutivo, que ejercen tareas de contralor. En algunos casos, sus nombramientos dependen del Presidente y en otros, de acuerdos legislativos.
En esta nota, analizamos en qué estado se encuentran esos organismos.
La AGN tiene 3 de sus 7 cargos vacantes
Los 2 organismos de control por excelencia son la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Ambos organismos fueron creados en 1992, con la sanción de la Ley de Administración Financiera, y la AGN, además, fue incorporada a la Constitución nacional en la reforma de 1994.
La AGN depende del Congreso y ejerce el control externo de la APN, y la SIGEN funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo y ejerce el control interno, especialmente a través de las unidades de auditoría interna (UAI) que funcionan dentro de cada organismo del Ejecutivo.
Según la ley vigente, la AGN debe tener 7 auditores que duran 8 años y pueden ser reelegidos. Tres auditores son elegidos por la Cámara de Diputados y 3 por el Senado, “observando la composición de cada Cámara”. El séptimo auditor, que preside el organismo, se designa por resolución conjunta de los presidentes de las 2 cámaras del Congreso.
Actualmente, la AGN funciona con 4 de sus 7 miembros, la cifra mínima que necesita para sesionar. El presidente es Juan Manuel Olmos, ex funcionario del gobierno del Frente de Todos. En representación del Senado están Javier Fernández, auditor desde 2001 (tercer mandato) en representación del Partido Justicialista, Alejandro Nieva, en el cargo desde 2009 en representación de la Unión Cívica Radical (UCR); y Graciela De la Rosa, auditora desde 2017 por el PJ.
Los 3 representantes de la Cámara de Diputados aún no fueron nombrados. Según explicaron a Chequeado las autoridades de la Cámara baja, “falta un acuerdo político”. Este año terminaron su mandato Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Jesús Rodríguez. Desde el organismo señalaron a este medio que la AGN “está funcionando normalmente”.
En la SIGEN el nombramiento depende del Presidente. El 20 de diciembre de 2023 Milei nombró como síndico general a Miguel Blanco y 9 días después dictó el Decreto 126/2023, a través del cual instruyó a la SIGEN, con colaboración de las UAI, a elaborar un “Informe de Entrega y Recepción” para establecer un “corte por cambio de administración al 7 de diciembre de 2023”. Es decir, una auditoría del Poder Ejecutivo al momento que llegó a la Presidencia. Desde entonces, las distintas UAI elevaron sus respectivas auditorías a la SIGEN.
Defensoría del Pueblo: 15 años sin designación
El cargo se encuentra vacante desde hace 15 años, cuando renunció Eduardo Mondino. De acuerdo con la Constitución, el defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso con el apoyo de los 2 tercios de los presentes en sesión de ambas cámaras; tiene los mismos fueros que los diputados y los senadores y dura en el cargo 5 años, pudiendo ser reelegido una sola vez.
En 2021, al cumplirse 12 años de la vacancia, diversas organizaciones lanzaron una campaña para promover su designación. En el comunicado, señalaron: “Uno de los principales inconvenientes que presenta la falta de su designación es que se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo y su capacidad de gestión”
Y detallaron que la Defensoría “tiene la facultad de tramitar reclamos ciudadanos, realizar investigaciones, publicar informes, hacer propuestas y recomendaciones, y actuar en causas judiciales haciendo uso de su legitimación procesal con relación a: falta de respuesta a reclamos efectuados, condiciones de prestación de servicios públicos, insuficiencia de información, violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor, cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente, casos de incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado”.
La UIF, la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información tienen sus autoridades designadas
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo; y la Oficina Anticorrupción (OA), que tiene a cargo la aplicación de la Ley de Ética Pública, tienen autoridades designadas, ya que los nombramientos de sus titulares no dependen de acuerdos con otras fuerzas políticas o concursos públicos. Se nombran por decreto presidencial.
Milei nombró a Ignacio Yacobucci, ex funcionario judicial, al frente de la UIF, y Alejandro Melik, ex socio del ministro Mariano Cúneo Libarona, al frente de la OA.
Por su parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) tiene designada a su titular, Beatríz de Anchorena, que viene de la gestión del Frente de Todos. Fue nombrada en marzo de 2022 y, según la ley, tiene mandato hasta 2027 (son 5 años). Solo puede ser removida de su cargo por “mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”.
Procuraduría: el control del Ministerio Público tiene a su titular nombrado por concurso
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas es un órgano que depende del Ministerio Público Fiscal y que tiene a su cargo la investigación de hechos de corrupción e irregularidades en la administración pública. Su titular es el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Ese cargo lo ocupa actualmente el fiscal Sergio Rodríguez, nombrado en 2014 mediante concurso público y acuerdo del Senado.
Los organismos que regulan servicios públicos siguen intervenidos
Los entes reguladores de los servicios de electricidad, ENRE, y de gas, Enargas, se encuentran al mando de interventores designados por resoluciones de la Secretaría de Energía, y no de directorios, como establecen las leyes que reglamentan el funcionamiento del sector eléctrico y del gas.
No se trata de una novedad: ambos organismos están intervenidos desde 2020 y estuvieron en esa condición durante 20 de los últimos 22 años. En 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos), las conducciones del ENRE y del Enargas fueron normalizadas, pero al iniciar el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) ambos organismos fueron nuevamente intervenidos tras la sanción de la Ley de Solidaridad Social. En diciembre de 2023 el Gobierno nombró (ver acá y acá) a 2 nuevos interventores al frente de estos organismos.
En esta nota, el economista Alejandro Einstoss, consultor en energía y servicios públicos y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo a Chequeado que los entes reguladores “tienen misiones muy importantes, que son las de proteger al usuario de un posible poder dominante de una empresa monopólica; asegurar que el servicio sea sustentable, es decir, que se pueda prestar a lo largo del tiempo, y velar por la salud del servicio público a través de la empresa”, y que no es lo mismo la intervención de una persona que una conducción colegiada.
Las leyes del ENRE y del Enargas comparten un texto similar respecto del directorio que debe conducirlos: establece que debe “estar integrado por 5 miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente y los restantes vocales” y que estos “serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo, 2 de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica”.
Además, en el proceso de selección, que establece la realización de concursos para cada uno de los miembros, interviene el Congreso a través de una comisión bicameral de 16 legisladores, que “podrá podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”.
Fuente Chequeado
