El Papa Francisco hizo una impactante denuncia contra el gobierno de Javier Milei por un presunto pedido de coimas de un ministro a un emprendedor para aprobarle un proyecto de inversión.
El Sumo Pontífice habló sobre el caso durante un encuentro con referentes de movimientos sociales de todo el mundo, entre ellos Juan Grabois, donde también denunció la represión del gobierno argentino a las protestas.
«Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevan adelante, que trabajan muy bien y que hay un buen acuerdo, y fue a presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones», contó Francisco.
«El ministro lo atendió muy bien y le dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar’. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro, le dijo ‘¿usted dentro de dos días puede pasar?, así ya le entregamos el permiso y todo», continuó el Papa.
«Pasó, le entregó todos los papeles, la firma y cuando el emprendedor se estaba por levantar, le dice: ‘¿y para nosotros, cuánto?… ¿y para nosotros, cuánto?’ La coima», remató el Sumo Pontífice. «El Diablo entra por el bolsillo, no se olviden», aconsejó.
La impactante denuncia del Papa Francisco se da después de otros presuntos casos de corrupción en el gobierno de Milei que salieron a la luz en las últimas semanas y donde parece repetirse el patrón.
El más relevante de esos casos fue el que reveló LPO sobre un pedido de coimas de 15 millones de dólares a empresarios pesqueros para renovar la cuota de pesca de merluza hubbsi, un proceso que tuvo que ser cancelado por el escándalo.
Otro caso que resonó fue el del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, que fue echado del cargo luego de que trascendiera que un amigo suyo le pidió coimas a empresarios para cerrar un negocio con la empresa.
Hay otros casos sobre los que hay muchas sospechas y donde parece repetirse el mecanismo que el Papa Francisco sintetizó con la frase «¿y para nosotros, cuánto?».
Un ejemplo es el del reparto de la pauta oficial que LPO reveló se hace a través de consultoras privadas que cobran una comisión de entre el 13 y el 17,5 por ciento del monto pautado con Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación y otras firmas estatales.
En esta trama se menciona como intermediario a la empresa AB Comunicaciones, propiedad de Carlos Azzariti que representa a Página/12 en Adepa. El diario es propiedad de Víctor Santa María, que también aparece cruzado por su histórica relación con la consultora Alejandra Rafuls, que LPO reveló es el verdadero cerebro de todo este esquema.
Otro caso que es muy mencionado entre los empresarios es el de los grandes estudios de abogados que están ofreciendo sus servicios para realizar «los papeles» para ingresar al RIGI. Esos mismos estudios habrían escrito la Ley Bases y el proyecto de inversiones. En el sector empresarial dicen que esos abogados están cobrando entre el 1% y el 3% de la inversión total de los proyectos, que tienen de base los 200 millones de dólares pero que pueden llegar a superar largamente esa cifra.
En la sombra de estos casos se repite el nombre de Santiago Caputo, que se puso al frente del manejo de la pauta y también se metió en el comité del RIGI. Su figura también apareció en la trama de los pesqueros, donde algunos intermediarios habrían dicho que actuaban en su nombre.
