Después de 23 años, la Corte Suprema dejó firmes las condenas por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo que toca a Patricia Bullrich.
La decisión del máximo tribunal es respecto a la causa por el accionar policial en la capital, donde durante la crisis que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa hubo 5 muertos y decenas de heridos. En el resto de país hubo otras 34 víctimas fatales.
La Corte ratificó la condena a cuatro años y tres meses de prisión contra el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, a tres años y seis meses para el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, y a 3 años de prisión en suspenso para el ex director general de Operaciones de la PFA Norberto Gaudiero.
Los acusados habían sido condenados en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6, en un fallo que fue ratificado tiempo después por la Cámara de Casación. Mathov se presentó este jueves para cumplir su prisión, mientras que Santos está en España y le ordenaron que regrese en tres días. A ambos por edad les correspondería la domiciliaria.
El fallo de la Corte se da un momento político muy significativo ya que coincide con la orden de Patricia Bullrich de reprimir cualquier protesta que implique cortes de calles.
De hecho, el fallo salió a la luz casi al mismo tiempo que en la zona del Congreso nuevamente hubo represión contra jubilados que reclaman todos los miércoles por un aumento de los haberes. Durante el episodio, las fuerzas federales le tiraron gas en la cara a la diputada nacional Vanina Biasi.
Todo en medio del recuerdo todavía fresco de la agresión policial de la semana pasada contra una nena de diez años, que el Ministerio de Seguridad intentó desmentir con la burda difusión de una fake news.
El fallo de la Corte toca a Bullrich por dos costados. Por un lado, porque Patricia fue ministra de De la Rúa, aunque había renunciado semanas antes de la represión y la caída del gobierno. Por el otro, porque sienta un precedente fuerte respecto de las responsabilidades políticas de la represión.
Al respecto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocinó en la causa a la familia de dos de las víctimas, destacó que el fallo «sienta un precedente único (…) en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar».
El CELS agrega que el máximo tribunal confirmó «que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y cómo se utiliza la fuerza».
«En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas», completó el organismo.
Fuente LPO
