- Los gastos reservados son fondos destinados a actividades de inteligencia cuyo uso específico no se hace público por razones de seguridad nacional, y están sujetos al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
- Los gastos reservados han variado entre los diferentes gobiernos: fueron más altos durante la presidencia de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), disminuyeron gradualmente en los gobiernos siguientes y alcanzaron su punto más bajo durante el mandato de Alberto Fernández (Frente de Todos), antes de este nuevo aumento.
La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier Milei (La Libertad Avanza) a través del cual se le asignaron $ 100 mil millones adicionales al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación “para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional”.
Este monto pertenece a gastos reservados. Estos son los que, por estar en el ámbito de inteligencia, su uso y destino específico no se hacen públicos por razones de seguridad nacional. La oposición en la Cámara baja reunió 156 votos para rechazar el decreto. Para declarar la invalidez, debe ser tratado y rechazado también por el Senado.
Pero, ¿qué son y para qué se suelen utilizar los gastos reservados? ¿Qué dice el decreto firmado por Milei y sus ministros? ¿Cuánto dinero se ha asignado a estos fondos en los gobiernos de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), Mauricio Macri (Cambiemos) y Alberto Fernández (Frente de Todos)? Te lo contamos en esta nota.
¿Qué son los gastos reservados?
De acuerdo con la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional, los gastos reservados son fondos asignados a los organismos de inteligencia cuyo uso y destino no se hacen públicos por razones de seguridad nacional.
El decreto publicado por el Gobierno nacional menciona el artículo 38 bis de esa ley, que indica: “Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas. Dichos fondos estarán sometidos a los controles de la presente ley”.
Estos gastos son supervisados y controlados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, y se incluyen en el presupuesto nacional bajo una función denominada “Inteligencia” dentro de la finalidad “Servicios de Defensa y Seguridad”. Esta semana fueron elegidas las autoridades de esta comisión: su presidente será Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y el vicepresidente será Leopoldo Moreau (Unión por la Patria)
De acuerdo con la ley, “la información sobre estos gastos tiene carácter reservado y no puede ser revelada públicamente si puede perjudicar las actividades de inteligencia o afectar la seguridad nacional”.
Aunque son reservados, estos gastos están sujetos a mecanismos de control para asegurar que se utilicen adecuadamente y de acuerdo con los fines previstos en la asignación presupuestaria.
Ante la consulta de Chequeado, Margarita Trovato, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -quien trabaja temas de Inteligencia-, dijo: “Los fondos reservados en principio están previstos por ley. Los organismos de inteligencia, en este caso la SIDE, tienen la potestad de tener una parte de sus fondos secretos y discrecionales”.
Y agregó: “El problema es el nivel de secreto, poco control y pocos lineamientos”.
¿Qué dice el decreto publicado por el Gobierno nacional?
El Decreto N° 656/2024 asigna una suma adicional de $ 100 mil millones al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación y establece que estos fondos tendrán carácter reservado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520). Esto significa que los detalles sobre el uso específico de estos fondos no serán de conocimiento público.
El decreto entró en vigencia inmediatamente después de su publicación y se notificó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso nacional, cumpliendo así con los procedimientos legislativos requeridos para este tipo de disposiciones.
Esto se suma a una serie de medidas que tomó el gobierno de Milei en los últimos días. El 15 de julio el Gobierno decidió, a través del Decreto N° 614/2024, la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en su lugar creó la Secretaría de Inteligencia de Estado, que dependerá directamente del presidente.
Esta nueva secretaría tendrá 4 organismos especializados a su cargo, cada uno con tareas específicas, como inteligencia exterior, seguridad nacional, ciberseguridad y control interno.
Luego, con el Decreto N° 615/2024, estableció una serie de cambios en la estructura y funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional de la Argentina, como las nuevas regulaciones sobre la clasificación y el acceso a la información de inteligencia. Establece 2 niveles de clasificación: “Secreto” y “Confidencial”, detallando qué tipo de información cae en cada categoría. También fija plazos para la reclasificación automática de esta información y delimita quiénes pueden autorizar el acceso a ella.
Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) -una coalición de organizaciones nucleadas con el objeto de contribuir al fortalecimiento del control democrático del sistema de inteligencia- expresaron su preocupación por el DNU que reinstala la SIDE y solicitaron que se abra el debate parlamentario y se conforme la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
“Uno de los aspectos más regresivos de la reforma es que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares. El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó”, sostuvieron en un comunicado.
Acerca del aumento de fondos reservados, Trovato -del CELS, organización que forma parte de la ICCSI- sostuvo: “No sólo el número es muy grande sino que representa un porcentaje muy alto del presupuesto general de la SIDE”.
¿Cómo evolucionaron los gastos reservados en la Argentina con cada presidencia?
El Centro de Datos de Chequeado realizó un análisis de los gastos reservados publicados en la página de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía a partir de los datos cuya función estuviera etiquetada como “inteligencia”, y que dentro de las categorías parcial y subparcial indicara “gastos reservados”.
Se tuvieron en cuenta datos del crédito devengado en el presupuesto de cada año, lo que significa que no necesariamente puede estar pagado (puede estar pagado como no), pero es gasto que efectivamente se realizó.
Para todos los años concluidos (2003 a 2023) se comparó el gasto devengado de cada año. Para 2024 se toma el crédito vigente, porque el año no terminó. Esta metodología de análisis fue validada por la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública).
De acuerdo con la metodología utilizada por el sitio Presupuesto Abierto, el presupuesto devengado es una obligación de pago por parte del Estado nacional en un período determinado. Todos los valores del análisis fueron deflactados con la inflación de julio de 2024, para poder hacer las comparaciones.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), los gastos reservados dentro del presupuesto nacional fueron $ 540 mil millones. En cambio, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011) este número disminuyó: había casi $ 468 mil millones para gastos reservados. Durante el segundo mandato (2011-2015), este monto se redujo aún más, a más de la mitad. El valor fue de $ 217 mil millones.
Con la asignación del gobierno de Javier Milei de $100 mil millones, los valores de 2024 se asemejan al fin del mandato de Kirchner y al inicio del de Cristina Fernández, ya que en 2010 los gastos reservados dentro del presupuesto fueron de $ 104 mil millones.
Respecto del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en los 4 años de su mandato los gastos reservados fueron de $ 151 mil millones: en ningún año superaron los $ 45 mil millones.
Finalmente, en el gobierno de Alberto Fernández el monto siguió disminuyendo. En su primer mes de gobierno, derogó un decreto de Mauricio Macri que había vuelto reservados todos los gastos de Inteligencia. En total, en su período, Fernández tuvo como gastos reservados $ 28 mil millones de su presupuesto nacional.
De 2003 a 2024, el de Fernández fue el gobierno que menos gastos reservados tuvo.
Fuente Chequeado.com
