Los bloques de oposición no lograron acordar esta tarde en la Cámara de Diputados un dictamen para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una partida que el Gobierno eliminó en enero pasado y que sirvió, mientras estuvo vigente, para repartir entre las provincias para completar los salarios que cobran los maestros en todo el país.
A diferencia de la discusión sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, tema en el que las distintas bancadas opositoras encuentran puntos de acuerdo –de hecho, llevarán la cuestión al recinto el martes próximo–, el debate sobre el financiamiento educativo no alcanza todavía ese nivel de consenso. Si bien Unión por la Patria tiene previsto pedir una sesión especial para la semana que viene, los restantes bloques opositores se muestran por ahora renuentes a dar quorum.
En el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto de la Cámara baja se discuten dos proyectos sobre financiamiento educativo. El jueves pasado dictaminó a favor de aumentar el presupuesto de las universidades; no hubo acuerdo en torno a un dictamen único, pero la ofensiva opositora sirvió para presionar al Gobierno para que finalmente formalizara ayer un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que redundó en un aumento del 270% en las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. En el radicalismo –punta de lanza de la embestida– creen que, sellado este acuerdo, ya no tendría sentido impulsar una ley de financiamiento universitario; lo mismo deslizan en Hacemos Coalición Federal. Ambas son claves para dar quorum en el recinto.
Sellado ayer el acuerdo entre el Gobierno y el CIN, el radicalismo quedó preso de su acuerdo con Unión por la Patria por la restitución del Fonid. El oficialismo y Pro no se privaron de achacarle al bloque que conduce Rodrigo de Loredo su alianza, aunque circunstancial, con el kirchnerismo para atentar contra el equilibrio fiscal: según el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, la reposición de este fondo tendría un costo fiscal que oscilaría entre 1 y 1,4 billones de pesos para el Tesoro.
“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y su costo fiscal, propongo citar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a los ministros provinciales y dictaminar el próximo 12 de junio”, propuso Finocchiaro en el arranque del plenario de esta tarde.
Los bloques de oposición no lograron acordar esta tarde en la Cámara de Diputados un dictamen para restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una partida que el Gobierno eliminó en enero pasado y que sirvió, mientras estuvo vigente, para repartir entre las provincias para completar los salarios que cobran los maestros en todo el país.
A diferencia de la discusión sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, tema en el que las distintas bancadas opositoras encuentran puntos de acuerdo –de hecho, llevarán la cuestión al recinto el martes próximo–, el debate sobre el financiamiento educativo no alcanza todavía ese nivel de consenso. Si bien Unión por la Patria tiene previsto pedir una sesión especial para la semana que viene, los restantes bloques opositores se muestran por ahora renuentes a dar quorum.
En el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto de la Cámara baja se discuten dos proyectos sobre financiamiento educativo. El jueves pasado dictaminó a favor de aumentar el presupuesto de las universidades; no hubo acuerdo en torno a un dictamen único, pero la ofensiva opositora sirvió para presionar al Gobierno para que finalmente formalizara ayer un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que redundó en un aumento del 270% en las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. En el radicalismo –punta de lanza de la embestida– creen que, sellado este acuerdo, ya no tendría sentido impulsar una ley de financiamiento universitario; lo mismo deslizan en Hacemos Coalición Federal. Ambas son claves para dar quorum en el recinto.
La bancada de Unión por la Patria, de posición más dura contra el Gobierno, insiste en ir hasta las últimas consecuencias, al igual que la izquierda. Aprovechó el golpe político que sufrió el Gobierno por su decisión de desfinanciar a las universidades públicas –lo que le valió que se realizara una marcha multitudinaria en todo el país hace un mes– para colar en la discusión parlamentaria el cese del Fonid. Encontró como aliado circunstancial a la UCR, que prestó sus votos para que las comisiones de Educación y Presupuesto den el debate sobre la restitución del Fonid a cambio de que apoyasen su ofensiva para avanzar en una ley de financiamiento universitario.
Sellado ayer el acuerdo entre el Gobierno y el CIN, el radicalismo quedó preso de su acuerdo con Unión por la Patria por la restitución del Fonid. El oficialismo y Pro no se privaron de achacarle al bloque que conduce Rodrigo de Loredo su alianza, aunque circunstancial, con el kirchnerismo para atentar contra el equilibrio fiscal: según el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, la reposición de este fondo tendría un costo fiscal que oscilaría entre 1 y 1,4 billones de pesos para el Tesoro.
“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y su costo fiscal, propongo citar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a los ministros provinciales y dictaminar el próximo 12 de junio”, propuso Finocchiaro en el arranque del plenario de esta tarde.
Sin embargo, su propuesta no prosperó. El mandato del plenario era dictaminar esta tarde y así lo recordó Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria. “En la última sesión hubo una mayoría de 152 votos que se pronunciaron para que hoy hubiese dictamen”, advirtió.
Finalmente así ocurrió, pero no hubo acuerdo y se firmaron cinco dictámenes. En su proyecto, el kirchnerismo propone no solo restituir el Fonid sino prorrogar su vigencia por cinco años, al tiempo que establece un mecanismo para que el Gobierno afronte los pagos adeudados a las provincias.
El radicalismo también propone restituir este fondo, pero para desmarcarse del kirchnerismo propuso incorporar en el texto un artículo que declare la esencialidad del servicio educativo, una cuestión que Unión por la Patria rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente.
La propuesta de la UCR le valió un fuerte cuestionamiento del resto de los bloques opositores. Desde Pro, Silvia Lospennato advirtió que impugnará el dictamen radical porque incorpora un capítulo –la esencialidad del servicio educativo– que no forma parte estrictamente de la discusión sobre el Fonid.
Más duro, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) apuntó directo contra De Loredo. “Hago responsable al jefe del bloque radical por esta posición cínica, por esta ‘mejicaneada’ de querer cambiar el eje del debate para no hacerse cargo del acuerdo con Unión por la Patria”, asestó.
FUENTE: LA NACION
