En medio del reclamo salarial en Misiones, que lleva más de una semana de protestas, el fiscal de Instrucción N° 6 de Posadas, René Casals, pediría la detención de quienes retienen móviles, motos y la autobomba policial.
Así lo hizo saben el propio Casals en una entrevista exclusiva con MDZ. “Hasta hoy tengo 18 denuncias por retención indebida y hurto de móviles. También se presentaron denuncias por retiro de ambulancias del Parque de la Salud que fueron utilizadas en la manifestación contra la Legislatura Provincial», señaló.
-¿Cuál es la situación judicial de los efectivos policiales que se manifiestan en reclamo de mejoras salariales y mantienen retenidos en el acampe móviles policiales, motos y una autobomba?
-Los efectivos policiales están denunciados y se les abrió una causa penal. En los próximos días, cuando estén identificados, se les tomará indagatoria a los efectivos que retienen los vehículos el acampe. Tengo 18 denuncias por usurpación, sustracción, retención indebida y hasta hurto de vehículos. También hay denuncias contra los manifestantes porque debido a la retención de los vehículos no se pudieron cumplir tareas inherentes al trabajo policial. Hasta el momento no hay imputados.
-¿Cuántos efectivos policiales están denunciados y cuántos vehículos estarían siendo retenidos?
-Todavía no tengo la cantidad de efectivos policiales que estarían involucrados en este delito, pero serian alrededor de 20. Si tengo denuncias de 18 móviles, una autobomba, un auto de criminalística y 6 motos retenidas en forma indebida en el acampe.
-Los manifestantes dijeron que los móviles están a disposición, que si quieren pueden retirarlos del acampe.
–Como le dije, ya lo hicimos de varias formas. Conjuntamente cuando se inició el acampe, le pedimos con el Juez (Ricardo Walter Balor) la restitución de los móviles. También lo hicimos posteriormente en forma conjunta con el Jefe de la Policía de la Provincia (Comisario General Sandro Martínez). El martes pasado el juzgado libró un oficio intimando a la devolución y no hicieron caso. Inclusive, golpearon a los jefes de la policía que fueron a retirar los vehículos y las motos.
-¿Qué sucederá el lunes si no entregan los móviles?
-En primer lugar le solicité al gobierno provincial que arbitre los medios para que quienes tiene los móviles retenidos puedan entregarlos. Por otra parte recibiré a los jefes policiales quienes ratificarán y/o ampliarán las denuncias recibidas en la fiscalía.
-¿Usted pedirá la detención de los manifestantes que supuestamente hurtaron y retuvieron en forma indebida bienes del Estado?
-Oportunamente cuando estén identificado si y será el Juez quien decida definitivamente si lo detiene o no. Lo primero que solicitaré el lunes es que se identifique a quienes retienen los móviles para hacerlos comparecer en un juicio.
-¿La fiscalía inició investigaciones sobre los hechos de violencia que se produjeron el pasado jueves en la Legislatura Provincia y en la casa particular del gobernador Hugo Passalacqua llevada a cabo, supuestamente por docentes y personal de la salud?
-Estuve ayer (por el viernes) en la Legislatura Provincial. Se que se están instruyendo sumarios para cuantificar los daños, pero recién está en el proceso de comienzo de la investigación. Igualmente son daños menores. En cuanto a la casa particular del Gobernador no llegó a la Fiscalía denuncia alguna.
-Tengo entendido que usted está investigando otras denuncias sobre la supuesta retención y utilización en las protestas de ambulancias que habrían sido retiradas del Parque de la Salud por parte de trabajadores de este sector.
-Sí. Tenemos denuncias de las autoridades del Parque de la Salud en Posadas por la paralización de la red de traslado sanitario. Fueron retiradas cinco ambulancias y tres moto ambulancias. También la Municipalidad de Posadas elevó denuncias por daños y perjuicios de la vía pública.
Propuesta, sin respuesta
La protesta de los efectivos policiales, del Servicio Penitenciario Provincial y grupos de docentes y salud continuó su octavo día en Misiones sobre la avenida Uruguay y Trincheras de San José, Posadas.
En ese marco, ofrecieron una contrapropuesta del acampe de la avenida Uruguay al Gobierno: abarcaba la baja de los 860 mil pesos pretendidos inicialmente a 700 mil de básico para un agente sin antigüedad, sobre el cual se deberían aplicar los adicionales que tienen las fuerzas de seguridad.
Desde la Gobernación hubo silencio y una implícita ratificación del 30% de aumento propuesto antes de los incidentes en la Legislatura misionera.
Más denuncias
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno de la provincia, Pedro Duarte, radicó dos nuevas denuncias penales ante el Juzgado de Instrucción 6, a cargo de Ricardo Balor y el fiscal René Cassals.
Fue directamente contra quienes identificaron como los referentes del acampe de protesta: Martín Anselmo Cabañas (Subof. My. de la UR VIII); Joaquín Alejandro Orrego (sargento de la UR IX); Alexander Francisco Melgarejo (cabo); Diego Hernán Correa (Of. Ayte. División Motorizada de I. Miní); Iván Ezequiel Arrieta (Of, Sub Ayudante División Motorizada de I. Miní); Elías Horacio Couto (Of Ayudante UR I); Ramón Oscar Amarilla (Subof My retirado) y Germán Palavecino (Subof Mayor retirado).
También Ramón Alejandro Arrieta (Sargento UR I); Lisandro Ramón Cantero (Sargento UR I); Rubén Darío Boneti (Sargento UR X); Lucas Emanuel González (agente UR I); Adolfo Basilio Guirula (cabo primero UR VII); y Enrique Orlando Castellano (Sargento de la Dir. Gral. Servicios Sociales).
Pidió que sean investigados por los presuntos delitos de “sedición, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, interrupción de tránsito público, estafas y otras defraudaciones, malversación de caudales públicos y amenazas”.
En declaraciones a la prensa provincial, Duarte dijo que ellos fueron “identificados gracias a investigaciones internas de la Institución policial, más allá que los mismos fueron captados por los medios de comunicación”.
Para el funcionario, los mencionados habrían incurrido en “actos de instigación y amenazas manifiestas, tanto en forma personal (máxime con portación de armas de fuego) como en forma virtual mediante medios de comunicación”. Y agregó que los “cabecillas de la protesta obligan a otros integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales a participar en la toma de unidades operativas”.
Fuente MDZ
